MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado este jueves que la Ley de Calidad Alimentaria que actualmente está tramitando el Congreso potenciará el desarrollo del sector agroalimentario español a la par que actualiza la normativa de control y sanción, vigente desde 1983 y que no se ha modificado nunca pese a la entrada de España en la UE, que cuenta con una abundante normativa propia en este ámbito.
García Tejerina ha lamentado, durante su defensa del proyecto de ley ante el Pleno de la Cámara Baja, la "escasa atención" prestada a la calidad alimentaria en las pasadas legislaturas, lo que ha obligado a su departamento a impulsar un "importante trabajo" para actualizar la normativa y dar respuestas a las necesidades de los consumidores y los operadores.
Es en ese marco de actuación en el que se inscribe este proyecto de ley, que "cubre la necesidad que hay desde hace años de disponer una norma básica, actualizada y eficaz para la efectiva defensa de la calidad comercial de los alimentos". "Este proyecto es imprescindible para garantizar y potenciar el desarrollo del sector agroalimentario español", ha subrayado.
NUEVA NORMA, 30 AÑOS DESPUÉS.
La titular de Agricultura considera en este sentido que la ley es "especialmente importante y necesaria" porque la actual regulación data de 1983, y se ha "mantenido sin actualizar" a pesar de la entrada en 1986 de España en la UE, que dispone de "normas posteriores y específicas sobre control de productos alimenticios y persecución del fraude".
Esta falta de legislación ha llevado a que hasta ocho comunidades autónomas dispongan de sus propias leyes de Calidad Alimentaria mientras las nueve restantes se guían por el real decreto estatal, lo que genera "serias trabas a la unidad de mercado y está causando graves disfunciones en los procedimientos de control y sanción", lo que "se traduce en mayores costes y menor eficiencia de los operadores, dificultades para garantizar la calidad alimentaria y da lugar a frecuentes quejas".
Por ello, la norma tiene tres objetivos básicos: defender el interés del consumidor mediante la protección de la calidad de los productos dotando a las autoridades de instrumentos adecuados para los controles y un régimen sancionador que "disuada y corrija eficazmente los incumplimientos", impulsar la mejora de la competitividad del sector y la defensa de los productos españoles en los mercados internacionales "maximizando la garantía de su calidad", e incorporar los principios de la Ley de Unidad de Mercado al control de la calidad alimentaria para "salvar los obstáculos" que encuentran los operadores en las diferentes regiones.
Para conseguir esas intenciones, se "simplifican" los procedimientos de inspección y control equiparándolos con los comunitarios, se "refuerza el control" y se da "mayor capacidad" a los operadores para actuar en el ámbito de la autorregulación "bajo criterios comunes", se homogeneiza el régimen sancionador y se actualizan las multas, y se crea un nuevo marco de "colaboración estable" y de "intercambio rápido de información" entre el Ministerio y las comunidades para "coordinar sus actuaciones y armonizar la interpretación normativa" en aras a "reforzar los derechos del consumidor".
"Es comprensible la necesidad de disponer de una norma como ésta, que hace posible una defensa más eficaz de los intereses de los consumidores, facilita la garantía de la calidad de nuestros productos, actualiza y pone al día procedimientos de control de la UE y, con la máxima garantía de eficacia en el control, hace más sencilla la tarea a los operadores y está en línea con los principios de la unidad de mercado", ha resumido la ministra.
Con todo ello, ha concluido la titular de Agricultura, esta norma "moderna y actualizada" servirá para "favorecer el desarrollo del sector agroalimentario como referente de los productos de la más alta calidad".
