SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los sectores económicos de Tenerife, bajo el lema 'Empresarios unidos por la economía y el empleo', han constituido la Plataforma para la Defensa de Proyectos Estratégicos, que pretende, entre otros objetivos, tomar partido "de forma decidida" para que infraestructuras que son vitales para la isla no se sigan demorando, como el cierre del anillo insular o la nueva terminal del aeropuerto de Tenerife Sur.
Al mismo tiempo, anunciaron que trabajarán para que las administraciones públicas dejen de boicotear con sus "marañas burocráticas" proyectos de inversión, y también pidieron una mayor eficiencia y productividad al sector público, que tiene que reducir sus gastos y optimizar sus recursos humanos.
Así lo expusieron hoy los presidentes de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, José Luis García, y de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco Díaz, durante la presentación de esta plataforma, que aglutina a las principales federaciones y organizaciones empresariales de la isla, como Ashotel, Asinca, Fepeco, Femete, Asaga, Facca, Concap, entre otras.
Durante su intervención, el presidente de la Cámara explicó que esta plataforma "nace en un momento decisivo, no sólo porque después de siete largos años de crisis, que ha dejado en el camino a más del 14% del tejido empresarial, empezamos a vislumbrar los primeros síntomas de recuperación de la economía, sino también porque se están formando nuevos gobiernos que determinarán nuevas hojas de ruta".
Añadió, además, que el objetivo de este movimiento empresarial es "tomar partido de una forma decidida, posicionándonos y haciendo un seguimiento de los temas para que las administraciones locales, insulares, regionales o el Estado tengan claro que no se pueden seguir demorando proyectos e infraestructuras que son cruciales para dinamizar la economía de la provincia de Santa Cruz de Tenerife".
José Luis García también hizo alusión a los costes que supone para Canarias la burocracia, que "en estos tiempos de crisis ha paralizado más de 1.000 millones de euros en proyectos de inversión privada que pueden suponer la creación de más 20.000 empleos directos".
Por su parte, el presidente de CEOE-Tenerife señaló que el cierre del anillo insular, la terminal del Aeropuerto del Sur y el Puerto de Granadilla son "infraestructuras de interés general que benefician a todos, incluso a las propias administraciones públicas, que incrementarán su recaudación fiscal, además de propiciar inversiones productivas que generarán dinamismo y empleo".
José Carlos Francisco manifestó también "que aunque hemos salido de la recesión, aún estamos en crisis" y que "por eso es importante impulsar proyectos que tiren de la economía y aceleren el proceso de creación de empleo en Canarias". En este sentido, comentó que hará falta más de una década para volver a las tasas de desempleo que se contemplaban antes de la crisis, en torno al 10% en 2006.
CIERRE DE FILAS
Con el nacimiento de esta plataforma, el sector empresarial cierra filas en torno a dos proyectos cuya ejecución considera "prioritaria e irrenunciable" porque tanto el cierre del anillo insular como la nueva terminal del Reina Sofía son "un activo estratégico para Tenerife porque tienen un incuestionable efecto tractor en la economía".
"Cada euro invertido en obra pública revierte su valor en la sociedad, ya sea por los puestos de trabajo que genera, el efecto de arrastre que produce en otros sectores, o los retornos fiscales que aporta a las arcas públicas", comentó la vicepresidenta de Fepeco, Ángeles Palmero. A su juicio, "no solo se trata de conectar y equilibrar dos polos de desarrollo importantes como son el norte y sur de la isla, sino de mejorar la movilidad de las personas y mercancías y disminuir los costes tanto para las familias como para las empresas".
Para la Plataforma es clave que el cierre del anillo insular sea declarado como obra de interés general, porque "cuando ya se ha hecho una inversión de más de 150 millones de euros, dilatarla en el tiempo o no finalizar la obra es infrautilizar los esfuerzos realizados hasta el momento y boicotear el futuro económico y social de Tenerife", apuntó Palmero.
En este sentido, la Plataforma va a pedir, una vez más, la implicación directa del Estado en este proyecto, que debe incluir en los Presupuestos Generales de 2016 la partida necesaria para su ejecución. "Nos reuniremos con el presidente del Gobierno porque nuestra intención es crear un frente común a la hora de dirigirnos al Ministerio de Fomento y exigir que los canarios sean tratados en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del país", añadió la vicepresidenta de Fepeco.
NUEVA TERMINAL
Por su parte, el presidente de la patronal hotelera, Jorge Marichal, argumentó la necesidad de mejorar la competitividad del Aeropuerto del Sur, que "constituye una de las columnas vertebradoras de la economía de la provincia de Santa Cruz de Tenerife". Para ello, señaló que es necesario la construcción de una nueva terminal que mejore la capacidad del aeropuerto y de respuesta a las expectativas de crecimiento del sector turístico.
El presidente de Ashotel dijo que en la actualidad el Aeropuerto de Tenerife Sur está a un 92% de su capacidad máxima, ya que está recibiendo entre 9 y 10 millones de pasajeros al año, por lo que la decisión de construir una nueva terminal "debe de adoptarse de inmediato teniendo en cuenta los plazos de ejecución de este tipo de obras, que se estima que está entre 8 y 10 años, y por lo tanto, ya llegamos tarde".
La Plataforma también considera que hay que unificar el entramado jurídico estatal, autonómico, insular y local que frena la iniciativa privada en sus proyectos de inversión y competitividad. En este sentido, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Diego Vega la Roche, denunció la inseguridad jurídica que sufren los empresarios y que se deriva de la propia legislación, que, dijo, es "ineficaz, contradictoria y con competencias superpuestas que bloquean los proyectos de inversión".
Por ello, la Plataforma pedirá al Parlamento la creación de una comisión que analice, estudie y aclare el marco jurídico territorial de Canarias, "toda una maraña jurídica que obstaculiza y frena inversiones tanto locales como extranjeras". Diego Vega recordó que desde el sector empresarial llevan años insistiendo sobre el lastre que para el crecimiento económico suponen los legalismos y la burocracia. "Las administraciones no pueden seguir comportándose como enemigos de la iniciativa privada porque somos los empresarios los que generamos empleo", manifestó.
