Archivo - Conductores de autobús pertenecientes al sector del transporte en autobús discrecional y turístico se congregan frente al Ministerio de Fomento con su vehículo de trabajo para demandar medidas para paliar la crisis que asegura atraviesan por la - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo
MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La asociación empresarial Direbús, que agrupa a más de 700 empresas de transporte de viajeros por carretera en España, en su mayoría pymes, está estudiando acudir a las autoridades de competencia de la Unión Europea para denunciar la licitación impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para prestar servicios de transporte alternativo por carretera a Renfe Viajeros, un concurso que, según advierte, deja fuera a la mayoría de compañías del sector.
La organización considera "preocupante" que el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) no haya acordado ninguna medida conjunta frente a esta licitación pese al impacto que tiene en sus asociados. En la reunión del Comité celebrada este viernes, las distintas asociaciones analizaron el alcance del concurso, pero no se llegó a ningún acuerdo para articular una respuesta común ni para presentar una impugnación conjunta de los pliegos.
Direbús, que ya ha anunciado que sí impugnará la licitación promovida por el departamento que dirige Óscar Puente, sostiene que los requisitos fijados solo podrían ser cumplidos por un número muy reducido de grandes operadores, lo que excluiría de facto a cientos de empresas, muchas de ellas compañías familiares con décadas de experiencia en el transporte de viajeros por carretera.
La asociación recuerda que las normas de competencia de la UE están diseñadas para garantizar condiciones leales y equitativas entre empresas y, al mismo tiempo, fomentar la innovación y el desarrollo de las pequeñas y medianas compañías.
En este sentido, subraya que la Comisión Europea vigila e investiga prácticas anticompetitivas, fusiones y ayudas públicas con el objetivo de asegurar un mercado equilibrado, con una oferta amplia y precios justos para los consumidores, por lo que Direbús valora elevar a esta institución comunitaria su denuncia sobre la licitación.
Asimismo, Direbús pone de relieve que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado en diversas ocasiones mejorar el diseño de las concesiones públicas para fomentar la competencia y facilitar la participación de más operadores. Entre otras medidas, propone desagregar las licitaciones en diferentes lotes para permitir el acceso de más empresas y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como reconsiderar la exigencia de un número mínimo de vehículos adscritos a los contratos, al entender que este tipo de requisitos puede convertirse en una barrera de entrada para muchas compañías.
El organismo supervisor también ha planteado ajustar los requisitos de solvencia económica, evitar exigir experiencia previa en contratos de menor tamaño o complejidad y adaptar la duración de las concesiones a las características reales de cada servicio, con el fin de garantizar una competencia efectiva en el mercado.
En este contexto, Direbús lamenta que no se haya articulado una respuesta conjunta del sector ante una licitación que, a su juicio, ha sido diseñada por el Ministerio de Transportes para limitar el acceso a unos pocos operadores "próximos al propio departamento".
La asociación insiste en que el sector cuenta con la capacidad operativa necesaria para prestar estos servicios y defiende que un modelo de adjudicación de carácter territorial permitiría la participación de empresas de diferentes tamaños y comunidades autónomas.
PATRONAL DE AUTOCARES RECURRE LA LICITACIÓN DE RENFE
El pasado viernes, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) anunció que interpondrá un recurso administrativo contra la licitación de Renfe para crear su propia empresa de autobuses, al considerar que esta representaría un "grave perjuicio" y una "amenaza" para la viabilidad de las pymes.
"Esta licitación supone un grave perjuicio para las pequeñas y medianas empresas del transporte y representa una amenaza directa a la viabilidad de numerosas pymes del sector, además de distorsionar de forma significativa las condiciones de competencia en el mercado", denunció la patronal.
Por eso, y con el objetivo de "frenar un procedimiento que perjudica de manera directa y evidente a las empresas del sector", Anetra ha contratado un despacho jurídico "de reconocido prestigio" y especializado en derecho administrativo, cuya identidad no desvela pero que "ya se encuentra trabajando" en la preparación del recurso, explicó la entidad en un comunicado.