Archivo - El eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, atiende a los medios durante una concentración convocada por el Partido Popular "en apoyo y solidaridad" con el pueblo de Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Bruselas (Bélgica). - Jonas Roosend - Europa Press - Archivo
BRUSELAS, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La delegación de Vox en el Parlamento Europeo ha pedido este jueves a la Comisión Europea que promueva una auditoría independiente sobre los fondos europeos destinados a modernizar la seguridad ferroviaria en España, tras el accidente de Urda (Toledo), para esclarecer si se utilizaron ayudas comunitarias en la renovación del sistema de señalización de la línea Madrid-Sevilla y si se cumplieron los compromisos asociados a las obras.
Asimismo, la formación ha anunciado que solicitará un debate urgente sobre esta cuestión en el próximo pleno de la Eurocámara y ha reclamado una auditoría independiente para comprobar el uso de las ayudas europeas, así como su posible devolución si se constatan incumplimientos.
En una pregunta parlamentaria dirigida al Ejecutivo comunitario, el eurodiputado Jorge Buxadé ha solicitado que se identifique la financiación europea vinculada a los contratos de modernización de la línea y la documentación presentada por el Gobierno español para acreditar el cumplimiento de los compromisos asociados, así como que se aclare si España llegó a certificar la sustitución efectiva del sistema de seguridad en el tramo afectado.
No obstante, Vox ha precisado que todavía no se ha determinado qué contrato concreto financiaba las actuaciones en el lugar del accidente ni si la financiación europea vinculada a las obras procedía de los fondos NextGenerationEU o del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Según señala la formación, el contrato principal para la modernización de la señalización ferroviaria, formalizado en octubre de 2021 por cerca de 94 millones de euros, contemplaba un plazo de ejecución de 52 meses, por lo que el nuevo sistema debía estar instalado a principios de 2026. Sin embargo, Vox subraya que el tramo afectado seguía utilizando el anterior sistema LZB cuando se produjo el accidente, precedido de una avería informática, sin que se haya aclarado todavía si las actuaciones previstas en ese contrato correspondían al lugar del siniestro.
Por ello, Buxadé también ha solicitado que la Comisión exija al Gobierno publicar el calendario contractual vigente, justificar las posibles prórrogas y aportar pruebas de que se garantizó el funcionamiento del sistema LZB durante los trabajos de modernización.
"Se comprometieron millones de euros para modernizar nuestros sistemas de seguridad, pero el día del accidente el nuevo sistema seguía sin estar operativo. ¿Qué obras se ejecutaron realmente? ¿Qué certificó el Gobierno ante Bruselas? ¿Dónde está el dinero?", ha cuestionado la delegación de Vox.
La formación ha defendido la necesidad de esclarecer el destino de la financiación europea y determinar si se cumplieron los compromisos de seguridad, al tiempo que ha reclamado que se depuren las posibles responsabilidades.
Esta iniciativa se suma a la querella presentada este jueves por Vox ante el Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave a raíz del accidente ferroviario de Urda.
