La Comisión Europea ha informado este jueves del nuevo ultimátum dado al Gobierno español para que transponga las normas europeas para reforzar la protección de infraestructuras críticas que debían estar incorporadas a su legislación nacional desde octubre del pasado año; un requerimiento para el que Bruselas da un plazo de dos meses antes de decidir si eleva el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pedir una sanción.
