SEVILLA, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha destacado que "se hace un control de reetiquetado de los productos agrícolas que antes no se hacía", y ha defendido que el Gobierno andaluz "utiliza la inspección para ayudar a los agricultores y otros usan la inspección para criminalizarlos". Además, ha denunciado "el silencio cómplice" del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas".
Así ha respondido Crespo en el Pleno del Parlamento a una pregunta sobre control fitosanitario y de reetiquetado de los productos agrícolas planteada por el diputado de Vox Eugenio Moltó, una respuesta en la que ha señalado que "es un tema crucial para los agricultores" y que "hay que hablar de acuerdos con terceros países que se hacen en el seno de la Unión Europea".
"En este momento es vital que España pida que esos acuerdos con terceros países no sean lesivos a los intereses de los productores europeos y, por lo tanto, españoles y andaluces", ha asegurado la consejera, quien ha añadido que "es el momento idóneo para evitar la competencia desleal y que se controlen esos acuerdos".
Ha apuntado que el Gobierno de España "tiene además la potestad de controlar esos contingentes en los Puestos de Inspección Fronterizos (PIF)" y "ya hemos pedido los documentos por los cuales establece qué contingentes ha habido en la importación y realmente si se han cumplido con los aranceles o no".
Pero ha defendido que el Gobierno andaluz "trabaja" y que el plan de control de fitosanitarios "ha dado 300 inspecciones desde que está el Gobierno del cambio", un control que "antes se hacía de forma genérica y que ha dado lugar a diez expedientes sancionadores". "Hacemos un control de reetiquetado que antes no se hacía", ha subrayado, para afirmar que "utilizamos las inspecciones para ayudar a los agricultores y otros para criminalizarlos", toda vez que "denuncia el silencio cómplice del ministro de Agricultura, Luis Planas".
Cabe recodar que el Gobierno de Andalucía y las organizaciones agrarias representadas en la Mesa de Interlocución (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía), con la adhesión de Interfresa, Coexphal, Ecohal y Freshuelva, han emitido una declaración conjunto pidiendo explicaciones a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del contenido de la instrucción que, según los medios de comunicación, "transmite directrices a los inspectores para que persigan las supuestas condiciones de "esclavitud laboral o prácticas similares" o "malos tratos" en las campañas agrícolas de mayo y junio".
Por su parte, el diputado de Vox ha señalado que "los agricultores andaluces ya tenían muchos problemas antes del coronavirus" y ha criticado "los injustificados ataques de los socialistas que los tachan de negreros y esclavistas".
Moltó ha apuntado también que muchos productos procedentes de Marruecos "tienen un control fitosanitario diferente al establecido por la UE, a lo que se suma el fraude del reetiquetado", cuando es de la comunidad "la competencia del control oficial de la trazabilidad y de campañas de inspecciones al respecto".
