Cádiz.- Cs pregunta al Gobierno cuándo va a reglamentar los contratos para la di - CIUDADANOS - Archivo
CÁDIZ 31 Dic. (EUROPA PRESS) -
La diputada nacional de Cs por la provincia de Cádiz, María del Carmen Martínez, ha recordado que en marzo de 2018 se publicó en el BOE la Ley por la que se adoptaban medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, modificando la Ley del sector eléctrico y los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos. Así, ha preguntado al Gobierno cuándo va a desarrollar esta disposición para que se pueda implementar.
En la pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Martínez pregunta al Gobierno "cuándo, de acuerdo con la legislación vigente, podrán disponer las explotaciones agrarias de regadío de las dos tarifas eléctricas en función de las necesidades de su suministro".
La diputada de Cs, recuerda que según lo publicado en el BOE, en los términos que reglamentariamente se determinen, el acceso para regadío contemplará la posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de 12 meses, en función de la necesidad de suministro para esta actividad.
Además, dice que los precios del término de potencia no surtirán incremento alguno respecto de las tarifas de aplicación, siempre que la fijación así establecida sea consistente con la seguridad y la sostenibilidad económica y financiera del sistema recogido en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como con la normativa comunitaria de aplicación.
"Esta disposición final tercera ni ha tenido desarrollo reglamentario ni se ha aplicado", ha aseverado Martínez, que ha añadido que los regantes necesitan disponer de las dos tarifas de potencia a lo largo del año, en función del periodo de riegos, ya que el gasto de la tarifa eléctrica supone un coste muy importante en las explotaciones de regadío.
Además, ha añadido en este sentido que "en los periodos en los que no se riega, y por tanto no se hace uso de la potencia eléctrica máxima contratada, de acuerdo con la ley vigente, el agricultor no tiene por qué pagar ese servicio".