SEVILLA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ha detectado y ha denunciado "por tercer año consecutivo" ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible "un vertido con depuración insuficiente" al cauce del Arroyo de la Cigüeña, tributario del río Guadiamar en la zona de Entremuros, dentro del Espacio Natural Doñana, procedente de la depuradora Guadiamar II, ubicada en Villamanrique y que "recibe las aguas residuales del citado municipio y de Pilas".
El colectivo ecologista ha explicado en un comunicado que "a poco que llueve, la depuradora empieza a tener problemas de depuración por la llegada a la misma de efluentes que destruyen los lechos biológicos encargados de la depuración de las aguas residuales urbanas", ya que asegura que "no sobreviven a las elevadas concentraciones de lejía y salmuera presentes en las aguas negras procedentes de las aceituneras, de las que presuntamente procederían estas aguas".
"Esto se traduce en una paralización de la depuradora, que tarda semanas en ser puesta adecuadamente en funcionamiento y recuperar sus funciones, tiempo durante el cual se produce el vertido continuo de sus aguas sin depurar al Arroyo de La Cigüeña, llegando a Doñana en dos kilómetros escasos de recorrido, entrando en el Espacio Natural por la zona de Entremuros, pasando fácilmente de aquí a la marisma del Parque Nacional por el Caño Travieso", ha detallado Ecologistas en Acción.
Igualmente, ha indicado que las denuncias interpuestas en las ocasiones anteriores por el mismo tipo de vertido tuvieron como resultado "sanciones a la empresa pública Aljarafesa, que gestiona esa depuradora".
"El año pasado la sanción ascendió a 6.000 euros, que finalmente vino a ser imputada en las facturas de los vecinos a los que da servicio, socializándose el coste de sanciones que tienen unos responsables directos que, sin embargo, no son los que finalmente pagan el daño causado", ha criticado.
Ecologistas en Acción ha exigido que las sanciones impuestas al ente que gestiona las aguas residuales "se reviertan en la regeneración ambiental de los cauces, en el deslinde del dominio público hidráulico, en la dotación de caudales ecológicos".
Además, ha solicitado a la administración local "la aprobación de ordenanzas de vertidos de aguas residuales no domésticas a las redes de alcantarillado, como instrumento para descargar en las actividades económicas que originan los vertidos".
Ecologistas en Acción ha insistido en su denuncia en que "se investiguen los orígenes de estos vertidos, que presuntamente tienen a las aceituneras como principales sospechosas, para determinar de una vez la responsabilidad real del vertido y que no se diluya entre toda la población", sino que sea a "los directos responsables a los que se repercutan las sanciones, los costes de reparación de daños y las eventuales responsabilidades penales en las que pudieran estar incurriendo".
En este sentido, esta organización ha asegurado de que "informará a la Fiscalía por si entiende necesaria la apertura de una investigación judicial".