BRUSELAS/SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha presentado este miércoles en Bruselas su compromiso por trasladar la preocupación por el medio ambiente, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático a las cuentas de la administración andaluza.
Dicha apuesta por el Presupuesto 'verde' se traduce en la creación de un fondo dotado con un millón de euros para financiar proyectos surgidos en el seno de la propia administración que contribuyan a los objetivos ambientales fijados por el Gobierno andaluz y la inclusión, por segundo año consecutivo, de una serie de indicadores diseñados para medir el impacto medioambiental de las actuaciones presupuestarias, según ha informado la Consejería en una nota de prensa.
El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, acompañado del viceconsejero, Jorge Ramírez; del secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez; y Catalina de Miguel, delegada de la Junta en Bruselas, han mantenido una reunión con Rosa Aldea Busquets, directora general adjunta de Presupuestos de la Comisión Europea, en la que Bravo ha puesto de relieve que "Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma en incorporar el concepto de Presupuesto 'verde', empleando las cuentas públicas como un vehículo tractor de acciones para reducir las emisiones y contribuir al cambio hacia un nuevo modelo energético".
Una de las medidas innovadoras que incorpora el Presupuesto de Andalucía de 2020 es la creación de un fondo, dotado con un millón de euros, al que podrán concurrir proyectos promovidos desde las diferentes Consejerías y entidades del sector público andaluz que contribuyan desde su ámbito de responsabilidad a los objetivos ambientales fijados por el Gobierno andaluz. Cada iniciativa podrá ser financiada con un importe máximo de 50.000 euros.
"Se trata de una medida que pretende iniciar los trabajos de concienciación y movilización en el seno de la propia Administración andaluza sobre el impacto del Presupuesto en los objetivos ambientales de la comunidad", ha señalado. Para atender la demanda de la ciudadanía, que cada vez muestra un mayor interés no solo en conocer el destino final de los recursos que las administraciones gestionan, sino también el impacto medioambiental que estos generan, el consejero ha destacado que el Presupuesto andaluz para 2020 incluye, por segundo año consecutivo más de 60 indicadores que persiguen "identificar los vínculos entre las intervenciones presupuestarias y el cambio climático", lo que permite valorar "cuál es nuestra política de gasto y cómo afecta al cambio climático".
En este sentido, "el Presupuesto 'verde' proporciona una idea más clara de los posibles impactos ambientales de las actuaciones recogidas en el Presupuesto, estimulando las buenas prácticas en la recaudación de ingresos y en la asignación de recursos", ha señalado el consejero, quien ha recordado que Andalucía sigue de esta manera las directrices marcadas por la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La primera de ellas ya incluye en su marco financiero 2014-2020 el seguimiento del gasto vinculado al clima y la segunda lidera una iniciativa para divulgar y extender el presupuesto 'verde' entre sus estados miembros para compartir conocimientos y experiencias en este ámbito.
A juicio de Bravo, este avance "puede abrir sendas que conduzcan a Andalucía a incrementar la seguridad energética, reducir la dependencia, generar empleo, impulsar un crecimiento verde y dotar de mayor competitividad a su economía", pero sobre todo a tomar conciencia de cómo las cuentas públicas contribuyen o perjudican la consecución de los objetivos climáticos comprometidos.
El Gobierno andaluz contempla, además, sumar una nueva modalidad de financiación a través de la emisión de bonos sostenibles de manera que determinadas partidas de gasto del presupuesto andaluz puedan ser financiadas con este nuevo instrumento. No obstante, y aunque el Ejecutivo andaluz trabaja en su desarrollo, la restricción de salida a los mercados impuesta por el Gobierno central este año obligará a retrasar su puesta en marcha al ejercicio 2021.
