Los chequeos médicos en Japón van muy lentos un año después de la crisis nuclear en Fukushima, según HRW

MADRID, 6 Mar. (Reuters/EP) -

Un año después de la crisis nuclear de Fukushima, el Gobierno de Japón es todavía muy lento en realizar chequeos médicos y ofrecer información a los residentes de la zona afectada por la contaminación dejándolos a la confusión y sospechas de las autoridades, ha dicho este martes la organización Human Rights Watch.

"Un año después, realmente no estamos viendo que se proporcione a la gente la información de una forma precisa, coherente y no contradictoria", ha dicho a Reuters Jane Cohen, una investigadora HRW con sede en Nueva York.

"La gente tiene que tener, al menos, información precisa de manera que evalúe su situación basándose en hechos reales".

El tsunami que golpeó la costa de Japón en el océano Pacífico el 11 de marzo de 2011 devastó la planta nuclear de Fukushima-1, que está situada a 240 kilómetros al noreste de Tokio, causando fugas de radiación que han contaminado la tierra, el aire y el agua y forzado a miles de personas a huir.

Desde entonces, muchos residentes en la prefectura de Fukushima viven con temor por los efectos que pueda provocar la radiación en la salud.

"Debe haber un plan claro y un lugar para examinar a los posibles afectados por la radiación en Fukushima", ha dicho Cohen quien estudió las condiciones de los residentes. La investigadora ha sugerido que el Gobierno podría tener que pedir prestado más equipo médico o conseguir más personal para hacer este trabajo.

El Gobierno de la prefectura está realizando revisiones médicas a los niños y las mujeres embarazadas, que tienden a ser más vulnerables a la radiación, pero el proceso toma su tiempo.

Los 360.000 niños que no superaban los 18 años de edad en el momento del desastre estarán sujetos a pruebas de tiroides durante el resto de sus vidas. Hasta el momento, 40.000 niños han sido examinados, ha dicho un representante del Gobierno de Fukushima.

Alrededor de 380.000 niños y mujeres embarazadas tienen derecho a que les revisen los niveles de exposición a la radiación. A partir de enero lo han hecho 15.400 según ha informado el sitio web del Gobierno.

En los dos primeros días de la crisis, la oficina del primer ministro expandió gradualmente la zona de evacuación a 20 kilómetros a la redonda. Pero el Gobierno no reveló rápidamente los pronósticos que muestran la dirección en la que los materiales radiactivos se difunden. El resultado fue que miles de personas huyeron en la dirección en la que los materiales radiactivos se esparcían.

"Al no revelar información fiable y precisa y de forma transparente, que es un componente importante del derecho a la salud, realmente estamos viendo que el Gobierno no cumple con su deber de proteger el derecho a la salud de su pueblo", ha denunciado HRW.