La comisión encargada de investigar las acusaciones de tortura en Bahréin no recibirá a más activistas

DUBAI, 16 Ago. (Reuters/EP) -

La comisión estatal encargada de investigar los abusos contra los Derechos Humanos de las fuerzas de seguridad bahreiníes contra las manifestaciones en favor de la democracia de principios de año ha decidido cerrar sus oficinas a cualquier visita después de que se viera asediada por un grupo de manifestantes que protestaban por la decisión del organismo de exculpar a las autoridades sobre cualquier fallo o mala práctica durante aquellas protestas.

El rey de Bahréin decidió crear esta comisión, encabezada por el profesor de Derecho Internacional Cherif Bassiouni, para investigar las acusaciones de tortura contra los manifestantes durante los dos meses que duró el Estado de emergencia después de que se reprimieran las manifestaciones en favor de la democracia.

Bassiouni ha explicado en las últimas semanas que no ha podido descubrir que exista una política del Ministerio del Interior para torturar o maltratar a los detenidos, lo que ha enfurecido a la mayoría chií.

"Cientos de personas se manifestaron frente a nuestra oficina, enfurecidos por lo que consideraban que debían ser las 'conclusiones de la investigación", informó la comisión. "Tras un intento de tranquilizar a la muchedumbre ofreciéndoles que se tomaran sus datos para fijar citas, algunos de los manifestantes se agitaron y amenazaron físicamente y verbalmente a los trabajadores", según un comunicado.

"Los individuos realizaron insultos, pintaron mensajes amenazantes en los muros de la oficina, enviaron amenazas a través de cartas y correos electrónicos e incluso empujaron y escupieron a miembros del personal", indicó la nota.

La comisión declaró que estudiará cualquier denuncia recibida por correo electrónico, pero no permitirá que haya más entrevistas a medios o particulares para evitar que cualquier grupo la utilice como "herramienta política".

El lunes, la agencia estatal de Bahréin (BNA) citó a Bassiouni quien aseguraba que no se habían cometido "crímenes contra la humanidad" y que las acusaciones de tortura deben probarse.

El Gobierno del país encabezado por el régimen de la familia suní Al Jalifa, aseguró que las protestas democráticas tenían un fin religioso y estaban apoyadas por Irán.

El rey Hamad bin Isa al Jalifa aprobó el mes pasado una serie de reformas para dar más poder al Parlamento, aunque no redujo las atribuciones del Senado ni permitió la formación de partidos políticos. Estas reformas se produjeron tras una negociación con elementos opositores, aunque las principales formaciones en contra del régimen no participaron en las negociaciones y se centraron en ayudar a la comisión de Bassiouni para que sirviera de catalizador para el cambio en el país.