VALENCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) denunció hoy que la empresa adjudicataria del servicio de comedor y cocina de la residencia de la tercera edad de la localidad valenciana de Carlet "compra productos congelados y comida envasada con fecha de caducidad próxima a producirse" con el fin de "ganar un ahorro extra".
CSI·F, en un comunicado, sostuvo que, según ha conocido a través de los usuarios del centro, la empresa adjudicataria está incumpliendo la contrata al no ofrecer un correcto servicio del comedor. Así, aseguró que existen determinados alimentos que los residentes "no prueban desde hace meses sin que existan razones médicas o nutricionales que lo impidan, como es el cordero, ternera o porcino".
En esta línea, afirmó que la dieta, actualmente, está basada en tallarines, judías verdes, cremas o escalopines. "El malestar entre los ancianos es tal que la junta de usuarios de la residencia ha remitido una carta de protesta a la empresa y al propio servicio territorial de la Conselleria de Bienestar Social", indicó.
El sindicato comentó que se trata de una residencia pública, que cuenta con 420 ancianos y 200 trabajadores y que es una de las más grandes de la Comunitat Valenciana. La empresa adjudicataria, por su parte, lleva desde marzo de 2009 ofreciendo el servicio de cocina y comedor al centro y está aprobado que lo siga haciendo hasta marzo del 2013.
El contrato de este servicio supone un desembolso por parte de la Conselleria de ocho millones de euros, es decir 12,40 euros por persona al día, "que es más que suficiente para que la empresa ofrezca un servicio digno y de calidad a los usuarios", resaltó CSI·F, quien añadió que "además del dudoso servicio de cocina, la plantilla es insuficiente, la limpieza en el comedor no resulta adecuada y las bandejas de los alimentos están rotas.
Por ello, la central sindical exigió a la empresa adjudicataria que cumpla con todos los acuerdos establecidos en la contrata y suministre a los ancianos comida fresca y de calidad. Por otra parte, solicitó a la Conselleria de Bienestar Social que ponga en marcha un servicio de inspección propio con el fin de que vigile el cumplimiento de las empresas adjudicatarias y centros concertados.
