La falta de memoria económica y de medición de impacto, críticas de las ONG al nuevo Plan contra la Trata

Publicado 06/03/2015 18:55:39CET

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red Española contra la Trata ha enviado a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género una batería de recomendaciones y propuestas a partir del borrador del II Plan Nacional contra la Trata en el que trabaja este organismo, documento en el que critican la ausencia de memoria económica y la falta de objetivos cuantificables que permitan evaluar tanto la ambición del plan como su alcance y cumplimiento.

"Lamentamos que de nuevo se opte por elaborar un Plan centrado en exclusiva en la trata con fines de explotación sexual cuando, según todos los compromisos europeos e internacionales, el Estado Español está obligado a abordar esta grave violación de los derechos humanos de manera global a integral, haciendo frente a la trata de personas en todas sus formas y manifestaciones", señala en un comunicado la coordinadora de Proyecto Esperanza, Marta González.

En su opinión, el plan que les han mostrado "rompe la coherencia que el propio Gobierno inició a través del Protocolo marco de Protección de las Víctimas de la Trata de Seres Humanos que no centra su esfuerzo en una sola manifestación de explotación".

Sobre la fiscalización del Plan, las organizaciones lamentan "la falta de unos indicadores de medición de la consecución y del impacto de cada una de las 130 medidas propuestas", tal y como recoge Proyecto Esperanza en un comunicado.

No es la única crítica. A juicio de la Red, "se obvia un gran avance como el de haber reconocido también como víctimas a los hijos menores o dependientes" de la víctima de trata que se encontraran en territorio español lo que "conlleva la falta de diseño de medidas concretas que prevean estas situaciones".

Asimismo, destacan que los datos que ofrece el plan, "en muchos casos no cita la fuente de la cual se han obtenido" por lo que sugieren a la Delegación del Gobierno que lo incorpore, y critican la ausencia de estadísticas "esenciales" como de los permisos de residencia o estatutos de asilo concedidos a las víctimas.