La FELGTB tilda de "trama extraña del sector ultraconservador del CGPJ" la anulación de la sanción a Calamita

Europa Press Sociedad
Actualizado: jueves, 29 enero 2009 18:53

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) tildó hoy de "trama extraña del sector ultraconservador del CGPJ" el debate en pleno de hoy para estudiar la anulación de la sanción de 600 euros impuesta el pasado mes de marzo al magistrado Fernando Ferrín Calamita por la falta disciplinaria que cometió al proferir "expresiones extravagantes, innecesarias o manifiestamente ofensivas" en un auto en el que otorgaba la custodia de dos niñas a su padre porque la madre mantenía una relación lésbica.

En este sentido, Poveda explicó que se trata de "un intento, por la puerta de atrás, de anular una sentencia que ha sido ejemplarizante para toda la sociedad y que conlleva que muchos jueces no se atrevan a imponer sus prejuicios morales frente al derecho".

La propuesta de anulación fue planteada por el vocal Antonio Montserrat, que ha defendido la decisión, porque, tal y como alegó el propio juez en un posterior recurso de alzada, el proceso disciplinario se excedió del tiempo establecido para este tipo de trámites (seis meses) por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

"Es un caso especialmente sangrante", indicó el dirigente de la FELGTB, que apuntó que para la mayoría de la sociedad españoles y también para el resto de los jueces "ya ha quedado claro que el juez Calamita es un magistrado que basa más sus sentencias en los prejuicios machistas y homófobos que en la correcta aplicación de la ley y la objetividad".

Calamita ya fue sancionado en diciembre de 2008 por una causa similar: el retardo "malicioso" a la hora de conceder una adopción de una menor por la compañera sentimental de su madre biológica. En aquella ocasión, fue condenado por la Sala de lo Civil y lo de Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público y una indemnización que ascendió a 6.000 euros.

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