El Gobierno egipcio niega que los registros de las ONG tengan como fin reprimir a quienes lo critican

EL CAIRO, 2 Ene. (Reuters/EP) -

El Gobierno egipcio ha negado que, como han dicho varias organizaciones de Derechos Humanos, los registros realizados la semana pasada en las oficinas de 17 ONG tengan como fin reprimir a quienes critican al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que gobierna el país desde el pasado febrero.

Washington ha pedido a las autoridades egipcias que deje de "acosar" a los trabajadores de esas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran el Instituto Nacional Democrático y el Instituto Internacional Republicano, fundados en Estados Unidos.

Además, el Gobierno del país norteamericano ha sugerido que podría revisar la ayuda militar por valor de 1.300 millones de dólares que entrega cada año a El Cairo si estos registros continúan.

Varios ministros egipcios han afirmado en una rueda de prensa que las autoridades actuaron en el marco de la ley y dentro de una investigación sobre la financiación ilegal de actividades políticas. "Estas infracciones son delitos penales y el castigo podría implicar una pena de cárcel", ha advertido el ministro de Justicia, Adel Abdelhamid Abdalá.

El ministro ha asegurado que El Cairo quiere apoyar a los grupos de Derechos Humanos, incluidos los extranjeros, y que actualmente hay 35.000 organizaciones actuando en el marco de la ley y con los permisos necesarios en Egipto.

FINANCIACIÓN CON FINES POLÍTICOS

La ministra de Planificación y Cooperación Internacional, Faiza Abu el Naga, ha dicho que "no solo en Egipto se prohíbe la financiación política o la financiación que tiene fines políticos". "Incluso Estados Unidos prohíbe ese tipo de financiación", ha añadido.

El Naga ha destacado que el número de ONG que incumplen la ley sobre la financiación de actividades políticas ha aumentado desde que el presidente Hosni Mubarak fuera derrocado por una revolución el año pasado.

La ministra ha señalado que la embajadora estadounidense en Egipto, Anne Patterson, ha prometido que las organizaciones estadounidenses cuyas oficinas fueron registradas intentarán registrarse ante las autoridades.

En un comunicado conjunto publicado la semana pasada, 27 organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Consejo Supremo ordenó los registros para difamar y estigmatizar a los activistas, las organizaciones de derechos y otros grupos que encabezaron las protestas contra Mubarak.

El Naga ha afirmado que, "a la vista de los logros conseguidos por la revolución del 25 de enero", al Gobierno "le interesa hacer valer los Derechos Humanos y que se respete al ciudadano egipcio".

INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

Ambos ministros han insistido en la independencia del poder judicial, pero no han explicado por qué aún no han sido juzgados los responsables de la muerte de más de 850 personas durante las protestas.

El activista Mohamed Fahmy ha opinado que "el poder judicial y la Fiscalía son rápidos y eficientes cuando se trata de investigar y acusar a grupos de derechos y de la sociedad civil que han sacado a la luz las violaciones de los Derechos Humanos de los manifestantes por parte de las autoridades egipcias".

"Sin embargo, no han llevado ante la justicia ni a un solo policía responsable de la muerte de los mártires de la revolución", ha agregado.

El pasado 29 de diciembre, un tribunal absolvió a cinco policías que habían sido acusados de delitos penales por la muerte de cinco manifestantes.