Entre los requisitos para conceder la subvención, se tendrá en cuenta que se dé empleo a perceptores del IMV o víctimas de violencia de género
MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros aprobará este martes, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, un Real Decreto por el que se unifica en una única convocatoria los recursos procedentes del tramo estatal del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la conocida como 'X solidaria', y del Impuesto sobre Sociedades, conocida como 'X solidaria de las empresas', con el objetivo de dar estabilidad financiera a las ONG del Tercer Sector.
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó el pasado 18 de junio la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para distribuir los fondos procedentes de la recaudación del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social.
El acuerdo alcanzado tiene una duración de cinco años y consolida el modelo con dos tramos (uno estatal, que pasará de gestionar el 22,1% de los fondos en 2020 al 20% en 2023; y otro autonómico, que pasará progresivamente a gestionar el 80%) aplicando, desde este año, a los fondos procedentes tanto del IRPF, como del Impuesto de Sociedades.
Esto supone una garantía para el mantenimiento de las subvenciones para proyectos estatales de interés social, según destaca el Ministerio de Derechos Sociales, que pone en valor la "gran relevancia" del acuerdo porque, asegura, "va a dotar de una gran estabilidad", tanto a la relación de la Administración General del Estado con las CCAA, como a la de las administraciones públicas con las entidades del tercer sector, en especial, las de acción social.
Precisamente, el acuerdo alcanzado con el Consejo Territorial se vio completado con otro acuerdo, firmado el pasado 1 de julio entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y la Plataforma del Tercer Sector para reforzar los cauces de interlocución, mejorar la estabilidad de la financiación de las entidades y completar los desarrollos legislativos pendientes para el sector.
El Real Decreto presentado este martes, que supone la materialización del segundo punto de esas medidas, establece las bases reguladoras de una única convocatoria anual de subvenciones en la que canalizar la suma de los fondos provenientes del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto de Sociedades que le corresponden a la Administración General del Estado para la financiación de actividades consideradas de interés social.
En concreto, estos fondos se van a destinar a financiar proyectos que correspondan a las competencias de la Administración General del Estado y que aporten un valor añadido diferente a los proyectos financiados a nivel autonómico, según precisa el Ministerio.
Aunque será en las sucesivas convocatorias anuales de subvenciones donde se establecerán los requisitos de los programas que podrán concurrir a las mismas, ya en el acuerdo con la Plataforma del Tercer Sector se incluía una tipología de proyectos.
Entre estos, destacan: la promoción de la autonomía, la sostenibilidad financiera y la internacionalización de las entidades, la modernización y mejora del Tercer Sector, la promoción de la igualdad de trato y combate de la discriminación, las contribuciones a las estrategias nacionales de lucha contra la pobreza, los programas de atención y apoyo a la población reclusa y exreclusa, y programas contra la trata de seres humanos y contra la violencia de género.
De este modo, el Ministerio de Derechos Sociales ha puesto de relieve que la nueva regulación de las convocatorias de subvenciones va a mejorar el impacto y eficacia de los fondos para lograr los fines perseguidos, al mismo tiempo que asegurar una tramitación más ágil de su concesión.
Entre los criterios de valoración para conceder las subvenciones, el Real Decreto recoge, entre otros: la idoneidad de la entidad; que incorpore la perspectiva de género en las distintas etapas; que el programa tenga una implantación en seis o más CCAA; que sea innovador; esté alineado con la Agenda 2030; emplee a personas con discapacidad así como a jóvenes menores de 30 años, desempleados de larga duración, personas en riesgo de exclusión social, perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y mujeres víctimas de violencia de género.
