Amnistía Internacional - EUROPA PRESS
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Amnistía Internacional ha asegurado este miércoles que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido en un encuentro con la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, su intención de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, así como la "rendición de cuentas" de la Policía.
"Es una norma que atenta contra e derecho a la libertad de expresión y de reunión y sobre la que Amnistía Internacional lleva haciendo campaña desde su entrada en vigor", ha apuntado el director de AI España, Esteban Beltrán, en rueda de prensa.
Fuentes de Interior han señalado a Europa Press que el ministro es partidario de una reforma que garantice el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y que ofrezca, también, seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para facilitar el cumplimiento de su misión de proteger el orden público y la seguridad ciudadana". Se trata de un compromiso que ya se manifestó en la pasada legislatura y que formó parte del programa de Gobierno.
En concreto, AI se ha reunido con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, así como con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, además de con el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons para presentar la Agenda para la Legislatura, un documento que resume las principales preocupaciones de derechos humanos para los próximos cuatro años de la organización.
Asimismo, Beltrán ha compartido que otra de las cuestiones planteadas al titular de la cartera de Interior ha sido la de "cumplir con las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado para eliminar los obstáculos que impiden obtener protección internacional a las personas subsaharianas en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla". "La respuesta ha sido evasiva. Le preguntamos si estaba de acuerdo con la totalidad del informe, dijo que lo estaba analizando, pero sonó poco convincente", ha expuesto Beltrán para añadir que Ceuta y Melilla siguen siendo una asignatura pendiente de los derechos humanos en España.
Por otra parte, Beltrán ha indicado que, tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, como el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons, han manifestado a la organización su apoyo a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, "una ley que restringe el derecho de acceso a la información, obstaculizando la investigación de violaciones graves de derechos humanos en España".
La organización también ha lamentado "la falta de un compromiso real" tanto para una investigación independiente sobre la tragedia de Melilla, como para reformar la Ley sobre jurisdicción universal. En este sentido, Callamard ha subrayado que "las autoridades españolas, así como también las marroquíes, deben asumir su responsabilidad, y dejar de frustrar los intentos de averiguar la verdad de lo sucedido en Melilla, tan necesaria para garantizar justicia a las victimas y sus familias".
Por otro lado, Callamard ha señalado que los actores políticos deben dejar sus diferencias de lado e impulsar una agenda común para hacer frente al riesgo de genocidio en Gaza.
"El sufrimiento de la población en Gaza merece que todos los actores políticos en España, y en el mundo, dejen de lado sus diferencias y acuerden una agenda común, basada en el derecho internacional y los derechos humanos para hacer frente al riesgo de genocidio en Gaza", ha destacado.
AI LLAMA A LOS POLÍTICOS A "AUNAR VOLUNTADES"
Según precisa la organización en el documento 'Visión y coraje para avanzar en derechos humanos', en esta legislatura "España tiene la oportunidad de fortalecer el respeto y la protección de los derechos humanos". En este sentido, llama a los representantes políticos a "aunar voluntades" para "consolidar los avances en materia de derechos humanos", con medidas tanto de política exterior como de política interior.
"La XV Legislatura debe ser la definitiva en cuanto a las reformas legislativas necesarias para garantizar la transparencia y el acceso a la información. Si España quiere ser un actor internacional que promueva el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos debe predicar con el ejemplo", agrega.
Por ello, expone que es "improrrogable" impulsar una nueva Ley de Información Clasificada, también conocida como Ley de Secretos Oficiales. "Solo con una nueva normativa, España podrá decir que ha entrado en el siglo XXI en la cuestión de la transparencia y el derecho a la información, cuestiones clave para la defensa del resto de los derechos de la ciudadanía", apunta.
Además, como recomendación propone consolidar el I Plan de Derechos Humanos "como una herramienta a futuro, que se mantenga gobierne quien gobierne".
También llama a promover un "alto compromiso político y económico" con el sistema mutilateral de derechos humanos, promoviendo la ratificación de España de Tratados Internacionales de derechos humanos, la adopción de nuevos tratados, el cumplimiento de las recomendaciones a España de los organismos multilaterales, una creciente financiación de los mismos y la revisión del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Asimismo, AI pide terminar con el "doble rasero" que "evita tomar medidas contundentes ante crímenes de guerra o de lesa humanidad si quien los comete es un aliado estratégico".
En materia de igualdad de género, la organización también hace alusión a los derechos de las mujeres y recomienda una política exterior feminista en relación al acceso al aborto, cooperación internacional, asistencia humanitaria y defensa y construcción de la paz, así como asegurando el impulso a la lucha conta la violencia de genero en todas sus formas, incluido el pleno desarollo en España de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, garantizar los derechos de las personas LGBTI y una ley integral contra la trata.
También pide medidas que "enfrenten la emergencia climática", en España y a nivel Global, y compromiso en el control del uso de la tecnología a favor de los derechos humanos, entre otras medidas.
