Actualizado 29/10/2007 19:56

Valcarce afirma que el Gobierno ha regulado sus competencias en Dependencia y es turno de las comunidades autónomas

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Amparo Valcarce, afirmó este lunes que el Gobierno central ha regulado sus competencias y ahora le toca el turno a las comunidades autónomas.

Valcarce, que participó hoy en la jornada 'La dependencia en Castilla y León: calidad de servicios como reto de futuro', afirmó que después de la aprobación de la Ley se ha realizado una aprobación del desarrollo normativo básico "en tiempo récord", en referencia a las críticas del consejero de Familia, César Antón, quien pidió que finalice el desarrollo de la Ley.

En este sentido, aseguró que se aprobaron los reales decretos de baremo, de las intensidades de los servicios del catálogo, el que regula las prestaciones económicas, el de los cuidadores familiares y alta en la seguridad social y "un elemento fundamental" como es el marco de cooperación interadministrativa.

Este marco, añadió, se aprobó en el Consejo Territorial de la Dependencia por las comunidades autónomas y también se dio el visto bueno en el Consejo de Ministros. "En él se aprobaron cuestiones tan importantes como la financiación, la fórmula prevista, y todo lo que tiene que ver con la necesidad de que en este año se garantice a todas las personas con gran dependencia los servicios y prestaciones", dijo Valcarce.

Así, aclaró que la Ley y su desarrollo normativo básico en lo que es competencia del Gobierno central está completado y "es la hora de las comunidades autónomas".

En este contexto, destacó el gran esfuerzo de las comunidades para desarrollar un sistema "complejo" pero con garantía de que va a llegar a los ciudadanos que lo solicitan en los tiempos previstos en la Ley.

En cuanto a la posibilidad de los sindicatos de movilizarse si no se aplica la Ley y se llega a un acuerdo entre la Junta y el Gobierno central, Valcarce expresó su respeto a las decisiones que puedan tomar, pero también se mostró segura de que el diálogo social "primará y las administraciones harán honor a sus responsabilidades y estarán a la altura de lo que demandan los ciudadanos".

De esta forma, cree que se proporcionarán los mejores servicios, "de calidad", y señaló que la Ley "tiene que ser una gran oportunidad para desarrollar empleo de calidad, garantía de calidad del sistema".

ESFUERZO FINANCIERO.

Amparo Valcarce también se refirió a las críticas de Antón sobre la "insuficiente" financiación de la Ley y aseguró que se está haciendo un esfuerzo "enorme" que en este año ha supuesto que el Gobierno central haya firmado ya los convenios de servicios sociales con la Junta y de aquí a final de año se complete la firma de todos ellos.

De esta forma, indicó, se dedicarán a Castilla y León 35 millones adicionales a la financiación ordinaria que ya recibe la Junta, que permitirán mejoras en la ayuda a domicilio, la teleasistencia, la construcción de nuevos centros, etcétera.

Además, explicó que para el nivel acordado de la dependencia está a disposición de la Junta 17,6 millones de euros adicionales a las obligaciones del Gobierno central, que es la financiación del nivel básico y que llegará en el momento en el que la Junta comunique el grado y nivel de dependencia de las personas en la Comunidad.

"Tras ello, recibirá la financiación del nivel mínimo y el nivel acordado será financiado cuando se presenten los proyectos y programas que específicamente se van a realizar en Castilla y León", aclaró.

Así, afirmó que ha habido un incremento con respecto a 2006 de más del 400 por ciento de la financiación adicional, mientras que el año que viene se contemplan 871 millones de euros, "un 118 por ciento más para las comunidades".

Valcarce, en declaraciones a los medios antes de participar en la jornada, señaló la importancia de la coordinación entre las administraciones y el importante consenso político y social que tiene que haber para aplicar la Ley de Dependencia, "cuarto pilar del Estado de Bienestar" que tiene importancia y trascendencia directa para los ciudadanos.

"En una comunidad como Castilla y León, muy envejecida y donde el peso de lo rural es tan importante, las ayudas para los cuidadores en el ámbito familiar o la contratación del cuidador personal van a tener una importancia enorme", añadió la secretaria de Estado.

Finalmente, incidió en que la Comunidad es un "objetivo prioritario" para el Gobierno de España en diferentes materias, como se refleja en la creación de un Centro de Referencia Estatal en Salamanca o la construcción del de San Andrés del Rabanedo (León).