Actualizado 19/10/2009 20:59 CET

A vueltas con España.- La nueva ley del aborto

Es innegable que en Madrid salió a la calle un número de personas contra la ley del Gobierno que reforma el aborto en España que, cuando menos, aconseja una reflexión al respecto. Lástima que, a diferencia de lo que pasa en otros países europeos con legislaciones similares, aquí no quepa el consenso, entre otras razones porque hay grupos y personas contrarias a cualquier tipo de regulación y, sobre todo, porque hay quienes mezclan sus respetables convicciones personales con la moral colectiva. Y por si eso fuese poco, esas mismas personas solo exteriorizan sus protestas cuando gobierna el PSOE, ya que en los ocho años de gobierno de Aznar jamás salieron a la calle para pedirle al PP que echase abajo la ley del aborto del 85. Es más, curiosamente fue el ala del PP que abandera Aznar, junto con un sector reaccionario de la Iglesia, la que hizo posible que la asistencia resultase masiva.

El proyecto de ley saldrá adelante si el Gobierno de Zapatero alcanza una mayoría suficiente, lo cual parece posible, por lo que hasta que llegue ese momento hay tiempo para limar cuando menos las principales aristas, como el derecho a abortar a los 16 años sin informar a los padres. Lo que parece más complejo, por no decir imposible, es un consenso total, ya que la derecha española está en este tipo de asuntos muy lejos de la derecha de otros países, donde progresistas y conservadores alcanzan acuerdos en un derecho que si a alguien pertenece es a las mujeres. De hecho, en España ya no hubo consenso en el 85, por mucho que se empeñe en hacernos creer lo contrario la desmemoriada portavoz de igualdad del PP, Sandra Moneo, quien debería recordar que el PP presentó recurso ante el Constitucional contra la primera ley del aborto.

Mirando ahora al futuro, y sea cual sea la decisión final del legislativo, es evidente que la ley aprobada en 1985 no garantiza la plena libertad de las mujeres ni la seguridad jurídica de los médicos, al tiempo que mantiene cierta confusión sobre el control de los tres supuestos que permiten abortar actualmente: uno, evitar un grave peligro para la salud física o psíquica de la embarazada; dos, haberse gestado el embarazo como resultado de una violación, siempre que el aborto se practique en las primeras 12 semanas de gestación y que haya denuncia, y tres, que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las 22 primeras semanas de gestación. Por eso mismo, el establecimiento de un plazo de 14 semanas para abortar libremente, como ocurre en la mayoría de los países europeos, no parece tan descabellado en pleno siglo XXI. ¿O nuestra derecha es tan diferente a las de Francia o Alemania, por poner un par de ejemplos?

José Luis Gómez