Ecopilas recogió el 29% de las pilas y acumuladores que se vendieron en España durante 2010

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ecopilas, que reúne a 500 productores de baterías, recogió 2,3 millones de kilos de baterías y acumuladores usados en 2010, equivalente al 29 por ciento de lo que se comercializó en España durante ese año, superando el objetivo de 25 por ciento establecido en la normativa, según ha informado.

En este sentido, el secretario de Ecopilas, Gonzalo Torralbo Pérez, ha precisado que "en poco tiempo se ha alcanzado a países que llevaban más de 10 años aplicando la regulación" sobre el manejo de esta clase de desechos, como Italia y Portugal, y se acerca a Alemania, que recoge el 33 por ciento de las pilas que se venden en aquel país.

Esto se ha logrado, según el director de marketing de Ecopilas, Julio Lema, gracias a los más de 12.300 contenedores repartidos en el país durante 2010, así como a los 11.089 convenios que han suscrito con entidades de distribución, 20 acuerdos con asociaciones y entidades locales. También ha destacado la efectividad de los minirecopiladores que se repartieron en los hogares españoles y el uso de la web 'www.ecopilas.es' para buscar los punto de recogida en el país.

Así, han detallado que en 2010 se recogió un 239 por ciento más que en 2009. El 93,53 por ciento de lo recopilado el año pasado corresponde a pilas alcalinas portátiles; un 4,59 por ciento, de uso industrial; y, un 1.88 por ciento, de uso automotriz, según datos de la fundación.

El presidente de Ecopilas, José Pérez, ha destacado que en cuatro comunidades autónomas(Asturias, Extremadura, Navarra y País Vasco) y Ceuta se ha recogido 1 pila usada por cada 2 unidades vendidas.

Concretamente, de los 2.5 millones de kilos recogidos en 2010, se reciclaron 1.4 millones de kilos, según la fundación.

En este contexto, el secretario de la fundación ha aclarado que aproximadamente un 20 por ciento de las pilas que han recogido "son ilegales, ya que no están intregradas en el sistema de gestión, al haber entrado en el país sin pagar la tasa medioambiental que corresponde", lo que supone que el fabricante debe absorber el costo del reciclaje. Según Torralbo, reciclar una tonelada de pilas primarias cuesta 500 euros.

Asimismo, Torralbo ha advertido de que esto es "un fraude para el consumidor, ya que muchas veces las pilas ilegales llevan nombres parecidos a las marcas reconocidas y no cumplen con la normativa que limita el uso de metales pesados". La legislación vigente establece que en España "no se pueden comercializar pilas que contengan más de 5 partes por millón de mercurio", añade Torralbo. Por esta razón, la fundación ha entrado en contacto con las autoridades de aduanas, para evitar la entrada de estos artículos, según ha puntualizado el encargado de marketing.

Otro de los asuntos que preocupa al gremio de fabricantes es que "más del 50 por ciento de los residuos no los controla el productor". Así, recuerdan que la normativa establece que a partir del 31 de diciembre de 2011 se debe recoger anualmente el 95 por ciento en peso de pilas, acumuladores y baterías de automoción vendidos a los usuarios en el año precedente a la recogida.

CUESTIONAN PROYECTO DE LEY DE RESIDUOS

Sin embargo, los productores han cuestionado el proyecto de Ley de Residuos propuesto por el Gobierno que se encuentra el trámite parlamentario. "El texto establece que los productores somos los responsables de los residuos, pero en ningún lugar se nos otorga la propiedad del mismo, por lo que no podemos ejerce un control total", ha dicho Pérez.

Además, el anteproyecto establece que sólo las asociaciones podrán hacerse cargo de la gestión de residuos, por lo que muchas organizaciones que se dedican a esta tarea tendrían que incurrir en costes para cambiar su personalidad jurídica.

Finalmente, el presidente de la fundación ha señalado que la normativa dejaría en manos de las comunidades autónomas la decisión sobre el traslado de los residuos dentro del Estado. Esto quiere decir, que una comunidad podría decidir si los residuos salen o no del territorio, lo que "limitaría la competitividad", según Pérez.