Fundación Agua y Progreso lidera un proyecto para resolver conflictos hídricos, en el que participan Israel y Palestina

VALENCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Agua y Progreso de la Comunitat Valenciana se presentará, a expensas de aprobación de la Comisión Europea, como líder del proyecto Water Curia, que tomará como modelo el Tribunal de las Aguas en diversas regiones de la cuenca mediterránea, como Israel y Palestina principalmente, para tratar la resolución de conflictos que se producen en la gestión de los recursos hídricos y en los conflictos producidos entre agricultores, en materia de regadío.

Esta iniciativa forma parte del programa europeo ENPI --Cooperación Fronteriza Multilateral-- y su objetivo principal es reforzar la cooperación entre la Unión Europea (UE) y las regiones de los países de la cuenca del Mediterráneo, según informaron hoy fuentes de la Fundación Agua y Progreso en un comunicado.

Los miembros que participarán como asociados en el citado proyecto serán Palestina Hydrology Group de Palestina, Mey Emek Yisrael Water Association de Israel, Cooperativa Sedigep de Chipre y la región de Mosta de Malta. Regiones a las que se les transferirá como modelo a seguir el Tribunal de las Aguas, para tratar la resolución de conflictos que se producen en zonas semiáridas mediterráneas.

Liderados por la Fundación Agua y Progreso, se unirán al consorcio además del Tribunal de las Aguas, recientemente nombrado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco; la Fundación de la Comunidad Valenciana Región Europea; la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, AVA-Asaja y los Ayuntamientos de Valencia y de Catarroja.

El director de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, manifestó al respecto que "es altamente satisfactorio haber puesto de acuerdo a israelíes y palestinos, en algo tan serio para nosotros como es la solidaridad y la justicia distributiva del recurso agua".

PAPEL MEDIADOR

Con el proyecto Water Curia la Fundación Agua y Progreso ejercerá un papel mediador de los países asociados ante los conflictos por el agua y donde las administraciones públicas tengan problemas en las restricciones de los derechos del empleo.

Por otra parte, el proyecto desarrollará un Libro de Buenas Prácticas y pretenderá ayudar a las administraciones públicas a adaptar su legislación y ordenación en materia hídrica, incluyendo los códigos de buen comportamiento.

Además de sus capacidades fiscales, cada administración pública creará instrumentos apropiados fiscales para recompensar a los ciudadanos con incentivos económicos. La duración del proyecto está prevista para tres años y la Fundación espera "con ilusión" que sea aprobado por la Unión Europea.