AMP.- Interior, Sanidad, Justicia y Trabajo suscriben el Protocolo de Actuación para proteger a víctimas de trata

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los titulares de los ministerios de Interior, Justicia, Trabajo e Inmigración y Sanidad, Política Social e Igualdad han suscrito este viernes junto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de seres humanos con fines de explotación.

El Protocolo, al que ha tenido acceso Europa Press, se organiza en 16 títulos y pretende materializar la coordinación de las autoridades y la asistencia a las víctimas que contempla el Plan Nacional de Lucha contra la Trata, por lo que recoge desde la respuesta ante los primeros indicios de un delito de estas características, hasta el modo en que se gestionará el periodo de reflexión de 30 días que, por ley, corresponde a los afectados para decidir si quieren o no presentar una denuncia.

Sobre este asunto, concreta que la unidad policial que haya localizado a la víctima tendrá un "plazo máximo de 48 horas" para solicitar a la Delegación o Subdelegación del Gobierno que conceda el periodo de reflexión, resolución que deberá comunicarse a la víctima en 24 horas, si se encuentra en un CIE, y en cinco días si está en libertad.

La decisión "no podrá, en ningún caso, quedar condicionada a la prestación de declaración por parte de la víctima o a la realización de labores de colaboración con las fuerzas policiales o judiciales" y "autorizará la estancia temporal de la víctima y de sus hijos e hijas menores de edad o con discapacidad que se encuentren en España, por la duración que se haya determinado para éste", según el Protocolo.

Vencido el periodo de reflexión, la víctima puede pedir una prórroga, en cuyo caso también se prorroga el permiso de residencia o decidir no colaborar con la justicia, en cuyo caso sólo podría acceder al permiso solicitando uno por circunstancias excepcionales. Con todo, el delegado del Gobierno puede eximirla de responsabilidad por su situación irregular en España, de cara a que ella pida después la autorización.

En cuanto a la detección de víctimas, establece que cuando sean las fuerzas policiales de inmigración quienes se encuentren con un caso, tendrán que facilitar un "atestado completo" al Juzgado y a la Fiscalía en el que se detallen los indicios de estar ante un delito de trata de seres humanos. Si el hallazgo se produce en frontera, se dará traslado "de manera inmediata" a la Brigada Provincial de Extranjería o a la UCRIF central.

NO SE INCOARÁ EXPEDIENTE DE EXPULSIÓN

Una vez se ha dado la alerta por un posible caso, se procede a la identificación como víctima de trata, de lo que se encargarán "unidades policiales con formación específica" en la materia, a quienes se atribuye además, la "competencia" para realizar las entrevistas que sean necesarias con la persona afectada, aunque se "tendrá en cuenta" toda la información que sobre ella aporten las ONG especializadas.

Con la información recabada, la unidad policial elaborará un informe en el que deberá constar una evaluación de los que corre la víctima y una propuesta de las medidas de protección, seguridad y privacidad que considera necesarias para ella. Informará de todo esto a la persona afectada.

Tanto si la víctima es una extranjera en situación irregular como si tiene permiso de residencia pero está a punto de expirar, se paralizará cualquier expediente de expulsión del territorio nacional que pese sobre ella y no se incoará ninguno nuevo. Si además, se encuentra retenida en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), las fuerzas policiales lo comunicarán "inmediatamente" a la Fiscalía para impedir que se lleve a cabo la expulsión en tanto se resuelve la petición del periodo de reflexión.

MENOR EN CASO DE DUDA

El Protocolo dedica un apartado a los menores de edad para garantizar que en su caso, se adopten todas las medidas de protección "necesarias para evitar la victimización secundaria". Por eso, se realizarán las entrevistas "de manera inmediata" con la presencia del Ministerio Fiscal y "asegurando la presunción de minoría de edad en caso de duda, así como la adopción de los mecanismos necesarios para la preconstitución probatoria, si fuera necesario".

Dada la "particular vulnerabilidad" de estas víctimas, el protocolo incluye una serie de "medidas de protección adicionales" como garantizar que todas las pruebas, exploraciones y entrevistas que se realicen a menores se hagan en locales adaptados, sin "demoras injustificadas", en el "mínimo número" posible y sólo cuando sea "estrictamente necesario".

MÁS COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES

En materia de coordinación, el acuerdo establece además, que, en cada provincia, "deberá mantenerse una reunión de trabajo con la finalidad de realizar un seguimiento de las actuaciones relacionadas con las situaciones de trata detectadas, para velar por la adecuada coordinación interinstitucional". Los encuentros serán organizados por el Ministerio Fiscal.

En esta línea, fija que la Policía Judicial "mantendrá informada, en todo momento, a la Autoridad Judicial, al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las Oficinas de Atención a la Víctima", así como los jueces comunicarán a los policías las resoluciones que adopten, así como su levantamiento y modificación.

El año pasado, la Policía y la Guardia Civil identificaron a 1.605 víctimas de trata, de las cuales el 92 por ciento eran mujeres y el 93 por ciento, extranjeras. Trece de ellas eran menores de edad y 523 se encontraban en situación irregular en España. Un total de 37 consiguieron un permiso de residencia por esta circunstancia, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.