Los maltratadores condenados recibirán tratamiento psicológico para evitar la reincidencia en Andalucia

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María José López, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, firmaron hoy un convenio que establece la inminente puesta en marcha de programas específicos de reeducación y tratamiento psicológico para los agresores de género condenados.

Durante la firma del convenio, Gallizo explicó que el objetivo principal de esta medida es evitar futuras actuaciones agresivas de los maltratadores, por lo que se pondrán en marcha actuaciones de formación y prevención guiadas por un comité científico, que será el encargado de hacer un análisis en profundidad de los comportamientos de los condenados.

La intervención con agresores de género pretende lograr la reeducación psicosocial de los mismos, con el fin de alcanzar un adecuado grado de ajuste que les posibilite reinsertarse en la sociedad con la garantía de haber erradicado la violencia de sus hábitos de conducta.

El programa, que tendrá un carácter multidisciplinar, está basado en el análisis del perfil de los agresores condenados a penas privativas de libertad no superior a dos años y siempre que haya delinquido por primera vez, es decir, será un programa de obligado cumplimiento para las primeras penas y voluntario para los condenados que estén en algún centro penitenciario.

El acuerdo sectorial para la puesta en marcha del 'Programa de reeducación de agresores de género en Andalucía' establece una nueva línea de cooperación entre el Ministerio del Interior y la Junta de Andalucía como parte de la estrategia conjunta de ambas instituciones en su lucha contra este tipo de violencia.

En este sentido, María José López recordó que en España, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género, se modificaron algunos aspectos referentes a la suspensión de penas para este tipo de delitos, introduciéndose con carácter obligatorio para los condenados el participar en programas.

En concreto, fuentes de Instituciones Penitenciarias precisaron que en Sevilla ya hay 80 personas condenadas por este tipo de delitos que se están sometiendo a medidas alternativas de este calado, mientras que dentro de la cárcel Sevilla II son 20 los presos que se han acogido a algún tipo de programa específico desarrollado por el Ministerio del Interior.