Aído dice que las "irregularidades" en el Ministerio de Igualdad fueron "puntuales" y han sido "corregidas"

EP

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Igualdad, Bibiana Aído, ha justificado que las "irregularidades" detectadas en la gestión del Ministerio de Igualdad, mientras ella era ministra, y que fueron recogidas en un informe del Tribunal de Cuentas, hecho público el pasado mes de febrero, fueron "puntuales" y ya están "corregidas".

Concretamente, a comienzos del mes de febrero el Tribunal de Cuentas hizo público un informe, que fue remitido a las Cortes, en el que se detectaron "irregularidades" en los contratos de la Delegación del Gobierno de Violencia de Género, en el momento en el que Bibiana Aído era titular del Ministerio de Igualdad.

Aído ha realizado estas declaraciones en la Comisión de Igualdad del Congreso, en respuesta a una pregunta formulada por el PP, a la que ha añadido que las deficiencias administrativas recogidas en este informe del Tribunal de Cuentas no son "ni numerosas, ni generalizadas".

"Se trata de incidencias puntuales, detectadas y corregidas en su momento con la diligencia e interés con las que atiende este Gobierno a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas", ha reiterado la ex titular del Ministerio de Igualdad.

En esta línea, ha argumentado que se "iría mucho mejor" en la lucha contra la violencia de género si por parte de todos los grupos parlamentarios se señalara "realmente" al responsable de esta lacra social, el maltratador o agresor, y no a las administraciones.

ESTRICTOS Y RIGUROSOS EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Desde el PP, Susana Camarero, ha reprochado a Aído que hay que ser "muy estrictos y rigurosos" en la gestión pública de esta lacra social, al tiempo que hay que saber cómo gestionar estos recursos públicos.

"No sólo se ha demostrado su incapacidad absoluta por reducir el número de mujeres asesinadas. Además este informe pone de manifiesto que son muy malos gestores y todas sus actuaciones están salpicadas por irregularidades", ha detallado.

UN CASO PUNTUAL

Por otro lado, en el reciente caso de violencia de género registrado en Málaga, Aído ha respondido al PP que es hacer "un flaco favor a la lucha contra la violencia de género" utilizar un caso puntual de estas características cuando los datos están ahí y más de 96.000 mujeres están siendo protegidas, dado que la mujer pidió en su momento protección y le fue denegada.

"En el caso de Málaga hubo un problema, pero que no tuvo nada que ver con la autoridad del autor, que es el único responsable y la valoración del riesgo. El único culpable es el hombre y desgraciadamente nos queda camino por recorrer", ha reiterado Aído.

LEY DE INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZADO

Finalmente, en relación con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que entró en vigor en julio de 2010, Aído ha confirmado que el Ministerio está pendiente de recibir los datos del primer año de aplicación de la normativa. "Realizaremos una evaluación exhaustiva de la misma y quiero subrayar que es perfectamente aplicable y delimitida a las competencias de las comunidades autónomas", ha apostillado.

En este sentido, ha subrayado que es "consciente" de que se están produciendo anomalias en "algunas comunidades autónomas", en relación con su implantación, y además se están desarrollando "de acuerdo con planteamientos ideológicos". Así, ha puntualizado que donde están teniendo lugar estas irregularidades en su aplicación es, en gran parte, en aquellas comunidades autónomas "donde no querían esta ley".

"Vamos a velar porque las comunidades presenten esta atención sanitaria y vamos a seguir trabajando en ello. En 2009 se redujeron el número de abortos y vamos a continuar en esa senda, así como en el ámbito de la salud sexual y reproductiva", ha agregado.

ELIMINAR ANUNCIOS DE PROSTITUCIÓN DE LA PRENSA

Finalmente, ante la posibilidad de quitar de la prensa los anuncios de prostitución, a petición de una pregunta de ERC de Joan Tardà, Aído ha indicado que la posición del Ejecutivo a este respecto es "firme": "Deben eliminarse".

Así, ha explicado que el Gobierno pidió un informe al Consejo de Estado para saber las alternativas "más eficaces" con las que abordar el asunto, del que aún no dispone, además de que es necesario un consenso con los medios de comunicación.