MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas envió hoy un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que más de treinta organizaciones reclaman el esclarecimiento de los hechos que rodearon la muerte de Mª Asunción Villalba, una mujer de Vitoria que el pasado día 2 fue asesinada por su pareja.
Según los firmantes, "no se concibe la profusión de información y contrainformación que se ha producido en torno a este crimen desde la Ertzaintza, el Departamento vasco de Interior y el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco" pues desde el primer momento facilitaron versiones contradictorias de los mismos hechos.
Así, "en un primer momento, la Policía autonómica vasca aseguró que la víctima había denunciado reiteradas veces los malos tratos padecidos y que, además, en el mes de diciembre, solicitó medidas de protección que le fueron denegadas por el juez".
Sin embargo, 24 horas después, "el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco publicó que la mujer "había presentado una denuncia, que luego retiró ante el juez, renunciando a la orden de protección solicitada con anterioridad".
En el último comunicado del Departamento vasco de Interior sobre la actuación de la Ertzaintza en este caso, "sostienen que la mujer rechazó todas las medidas de protección que se le ofrecieron, entre ellas, un teléfono específico y llamadas de control de los propios agentes" cuando previamente había dicho lo contrario.
Es por esto que la Federación afirma que si se "hubiera producido un falseamiento de la realidad por parte de la Policía vasca (...) ello no puede quedar sin la depuración de las debidas responsabilidades que correspondan a quien trató de confundir los hechos, con el fin de depositar en la víctima la responsabilidad de lo ocurrido".
La misiva, dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano del CGPJ, expone además que aunque en este caso pudiera no haberse producido una "mala actuación judicial" la verdad es que "antes o después" podría producirse ya que, siempre según el texto, "los datos" con que afirman contar las asociaciones lo "demuestran".
"Sin género de dudas, en determinados puntos geográficos del Estado español muchos jueces, demasiados, están denegando las medidas de protección y están sometiendo a interrogatorios inquisitoriales a las víctimas, como si fueran responsables de la violencia que se ejerce sobre ellas" y "no es un hecho aislado, el que desde autoridades judiciales se esté tratando de disuadir a las víctimas de que denuncien", reza el texto.