Actualizado 24/03/2010 14:28 CET

Bruselas propone una norma para agilizar los divorcios internacionales

La CE lanza por primera vez el mecanismo de cooperación reforzada en el que participarán diez países, entre ellos, España

BRUSELAS, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea propuso hoy poner en marcha por primera vez el denominado mecanismo de 'cooperación reforzada' para sacar adelante una norma que determina la ley aplicable a los divorcios internacionales, lo que, a su juicio, permitirá reducir los costes y agilizar los procedimientos.

Con este mecanismo un grupo de países avanzará más rapido que el resto. Concretamente, un total de diez, entre ellos España, participará en la cooperación reforzada mientras que el resto queda fuera de momento de la aplicación del reglamento.

Cada año, alrededor de 140.000 parejas internacionales se divorcian en la UE, cifra que representa el 19 por ciento del total de las separaciones, según los datos de Bruselas. La Comisión pretende reforzar la seguridad jurídica en estos casos para determinar cuestiones como quién se quedará con la custodia de los hijos o cómo se repartirá el patrimonio.

En la actualidad, las normas sobre divorcios internacionales varían mucho de un Estado a otro. Ello facilita que "el cónyuge que puede permitirse los costes del viaje y los gastos del abogado acude al tribunal donde obtendrá el mejor resultado, en perjuicio del cónyuge más débil y a menudo en perjuicio de los hijos", según explicó la comisaria de Justicia, Viviane Reding.

Además, señaló que los conflictos de leyes "dan lugar a situaciones de especial complejidad jurídica y numerosos costes, dificultando los divorcios de mutuo acuerdo y los divorcios ya previstos".

La propuesta pretende proteger a los cónyuges más débiles para que no se vean perjudicados por estas maniobras y simplificar y agilizar los procedimientos estableciendo normas claras sobre la legislación aplicable.

El Ejecutivo comunitario ya presentó en 2006 un reglamento sobre divorcios internacionales, pero Suecia lo vetó porque no quiere que un tribunal suyo aplique una ley de otro país.

Como la legislación de la UE sobre derecho de familia exige unanimidad, la única manera de sortear este bloqueo es mediante la cooperación reforzada. España y otros nueve países -Grecia, Bulgaria, Rumanía, Eslovenia, Austria, Italia, Luxemburgo, Hungría y Francia- han reclamado al Ejecutivo comunitario que active este procedimiento.

"Estamos en una situación de parálisis institucional que exige soluciones excepcionales. Por ello, es la primera vez en la historia de la UE que la Comisión propone una cooperación reforzada", resaltó Reding. También insistió en que se trata de un "sistema abierto al que pueden sumarse otros en cualquier momento que lo deseen". "Espero que este avance tenga el efecto de sumar a otros porque resolvemos problemas personales muy grandes", señaló.

Al ser preguntada por los riesgos de una Europa a dos velocidades, la comisaria de Justicia insistió en que "las ventajas son más grandes que las desventajas" y puso como ejemplo casos como la creación del euro o del espacio sin fronteras Schengen, que se produjeron cuando el mecanismo de cooperación reforzada todavía no existía formalmente.

La propuesta de Bruselas permite a los cónyuges escoger la ley aplicable a su divorcio. En los casos en que no haya acuerdo entre los esposos sobre la ley aplicable, la Comisión propone una serie de criterios basados en la proximidad. En primer lugar, se dará prioridad a la normativa del país de residencia habitual. Si ya no viven juntos, a la del último lugar de residencia conjunta. Si nadie vive ya allí se aplicaría la legislación de la nacionalidad común de los cónyuges, y si son de países distintos, la del tribunal al que se acuda.

La propuesta señala que los tribunales europeos pueden negarse a aplicar una ley de divorcio, aunque esté pactada por las partes, que contenga discriminaciones por razón de sexo.

La norma no pretende en ningún caso armonizar las legislaciones nacionales sobre el divorcio, que son muy variadas. El caso más extremo es el de Malta, cuya legislación no permite el divorcio, aunque sí reconoce las sentencias de divorcio dictadas por tribunales extranjeros.