El CERMI quiere que el Gobierno plantee para el próximo año una presidencia Española de la UE "social e inclusiva"

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) quiere que el Gobierno plantee una presidencia Española de la UE, prevista para el segundo semestre de 2023, "social e inclusiva" y ha así se lo ha solicitado al Ejecutivo.

Lo ha hecho a través de un documento que contiene propuestas sobre la agenda política y la participación de las personas con discapacidad, sus familias y sus organizaciones representativas en dicha etapa y con el objetivo de que "en 2023 España encabece las políticas públicas de discapacidad de la UE, construyendo una nueva Europa en términos de inclusión".

En su iniciativa, el CERMI ha distinguido entre las cuestiones generales vinculadas con toda la actividad del semestre, los compromisos a adoptar con la agenda política de la discapacidad, y las alianzas con la sociedad civil.

Así, en primer lugar, como cuestiones generales destaca la necesidad de garantizar la accesibilidad universal en todas las acciones que se emprendan a lo largo de esta presidencia, especialmente por lo que se refiere a la información difundida: páginas web, aplicaciones, documentos oficiales, y otro tipo de publicaciones.

Además, en relación a los compromisos a adoptar, este Comité propone al Gobierno, por un lado, incluir en las conclusiones de la Conferencia sobre el futuro de Europa las propuestas del CERMI para homologar el reconocimiento oficial de discapacidad emitido dentro de la UE entre sus estados; y por otro, la creación de una Comisión de Discapacidad en el Parlamento Europeo en el nuevo mandato tras las elecciones de 2023, además de insistir en que se contemple la accesibilidad universal como elemento transversal de todas las políticas de la UE.

Del mismo modo, la entidad quiere que la presidencia española de la UE debe sirva para que la UE "impulse la adopción de una directiva horizontal sobre la igualdad de trato, por la cual se amplía la protección de las personas con discapacidad contra la discriminación".

La adopción del Ingreso Mínimo Vital en todos los países de la UE; la implantación eficiente de la Garantía Infantil Europea; el impulso de una estrategia europea contra la Soledad no deseada; el establecimiento de un acuerdo para revisar toda la normativa fiscal europea en clave de discapacidad; el impulso de la erradicación de la esterilización forzada; o la adopción del acuerdo de declarar 2024 como Año Europeo de los Derechos de las Personas con Discapacidad, son otras de sus reclamaciones.