MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
CiU insta al Gobierno a que, de forma inmediata, puedan materializarse acciones para facilitar el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, que tengan reconocida oficialmente esta situación, aunque no alcancen un grado de discapacidad del 33 por ciento.
Así, pide al Gobierno que apruebe, en el plazo de un mes, y en el marco de sus competencias, el desarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional sexta de la Ley de 2011 de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para favorecer el acceso al empleo de este colectivo.
La iniciativa, recogida por Europa Press, ha sido registrada para su discusión ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja, y en ella reclama así al Ejecutivo que mejore la empleabilidad de las personas que no alcancen un grado de discapacidad mínimo del 33 por ciento.
EL PLAZO YA HA PASADO
Según subraya, la normativa de 2011 antes citada establece en su disposición adicional sexta, medidas en favor de las personas con capacidad intelectual límite. En concreto, fija en doce meses el plazo para que el Gobierno presente medidas dirigidas a promover el acceso al empleo de las personas con capacidad intelectual límite, un plazo que ya ha pasado.
De hecho, exige que sea el Ejecutivo el que, reglamentariamente, determine el grado mínimo de discapacidad necesario para que opere esta aplicación.
A su juicio, se refuerza así el mandato al Gobierno respecto a favorecer las oportunidades de empleo de las personas con capacidad intelectual límite, también suscrito en la Ley de 2010, de Medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.
En el marco de la Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con Discapacidad 2008-2012, el Ejecutivo debía implementar las medidas oportunas para mejorar la empleabilidad de las personas con capacidad intelectual límite, que no alcanzasen un grado de discapacidad mínimo del 33 por ciento, según defiende CiU.
CUOTA DE RESERVA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
Igualmente, los nacionalistas catalanes han registrado otra proposición no de ley, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, que insta al Ejecutivo a evaluar el grado de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad.
En concreto, exige al Gobierno que presente en el plazo de dos meses informes sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva de la plantilla a favor de trabajadores con discapacidad en empresas de 50 o más trabajadores, regulada, entre otras, en la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982, y en la de 2009, de Medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas desempleadas.
Por la citada normativa de 1982, las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores están obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 por ciento sean trabajadores minusválidos.
Eso sí, de manera excepcional, las empresas públicas y privadas pueden quedar exentas de esta obligación, de forma parcial o total, bien a través de acuerdos recogidos en la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal y, en su defecto, de ámbito inferior, a tenor de lo dispuesto en el decreto ley de 1995 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, bien por opción voluntaria del empresario, debidamente comunicada a la autoridad laboral, y siempre que en ambos supuestos se apliquen medidas alternativas.
"Parece del todo adecuado que ante el mandato recogido en la Ley el Gobierno de forma previa, cumpla también con lo establecido en la normativa de 2009 y presente informes sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva a favor de trabajadores con discapacidad y de las medidas alternativas previstas. Dichos informes pueden y deben precisamente gracias a la evaluación, permitir una mejora y si cabe, una corrección, de las medidas destinadas a promover y facilitar la inclusión laboral de las personas con discapacidad", reclaman desde CiU.
