MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social por la que se ha regulado la accesibilidad cognitiva y que, entre otras medidas, implantará la lectura fácil en textos de interés general, como prospectos de medicamentos, documentos administrativos o judiciales.
En concreto, esta norma fomentará la implantación de pictogramas y la adaptación de todos los textos de interés general a lectura fácil "en zonas urbanas y rurales" y en otros ámbitos, como "productos y servicios, espacios públicos, transportes, normativas de edificación, administraciones públicas, patrimonio cultural y procesos de participación pública".
Del mismo modo, el texto recoge una definición de discapacidad cognitiva; establece los ámbitos, condiciones y plazos en los que serán exigibles estas medidas; obliga a crear el Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva; incluye esta nueva dimensión en el Plan Nacional de Accesibilidad y habilita al Gobierno para abordar distintos desarrollos reglamentarios en la materia, entre otras cuestiones.
La reforma fue promovida por la Comisión Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) y registrado por Ciudadanos. Tras la primera fase de tramitación fue enviada el Congreso, donde fue modificada y aprobada por unanimidad de los grupos parlamentarios.
Además, el pasado 9 de marzo, el pleno del Senado aprobó una enmienda transaccional suscrita por todos los grupos, que especifica que la accesibilidad universal debe contemplarse en el acceso a las prestaciones públicas y a las resoluciones administrativas de éstas.
En el Congreso, donde se han ratificado las enmiendas incorporadas por la Cámara Alta, también ha contado con el apoyo mayoritario de los partidos. La diputada de Ciudadanos, grupo que registró la iniciativa, Sara Giménez, ha calificado esta ley de "histórica" pues supone "un avance en el reconocimiento de los derechos de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad". Por su parte PP y Vox también han mostrado su apoyo pero han expuesto algunas críticas.
El PP considera que algunas enmiendas introducidas por PSOE y Unidas Podemos han "adelgazado el objetivo" del texto. En concreto, la portavoz de los 'populares' en esta materia, Carmen Navarro, ha lamentado, por ejemplo, que se hayan aumentado "de dos a tres años los plazos" para que el Gobierno desarrolle el reglamento en esta materia o que del Plan "concreto" para la "accesibilidad cognitiva" se haya pasado a un "Plan nacional de accesibilidad universal".
Por su parte, la diputada de VOX María de los Reyes Romero ha lamentado que se proteja a las personas con discapacidad "salvo si estas se encuentran en el seno materno" porque "entonces les aplican la pena de muerte".
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD LO CELEBRAN
Plena inclusión, que representa a más de 950 organizaciones de personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral en toda España, ha celebrado que el Congreso apruebe la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social.
"Esta reforma recoge un reconocimiento de la accesibilidad cognitiva y la creación de un centro estatal de referencia sobre esta accesibilidad. Todo esto es muy importante porque servirá para asegurar el derecho de todas las personas a comprender la información pública", ha destacado.
Según destaca la organización, esto va a beneficiar a cientos de miles de personas con discapacidad intelectual, TEA y parálisis cerebral, y a muchas otras que tienen dificultades de comprensión.
Si bien, Plena inclusión advierte de que "el Gobierno y las comunidades autónomas también deben comprometerse a financiar los recursos suficientes para que esta reforma se aplique y beneficie a toda la ciudadanía".
"Hoy nadie discute la necesidad de poner rampas, el uso de Braille, o de la Lengua de Signos. Sin embargo, se ha tardado años en reconocer la accesibilidad cognitiva como un derecho", ha subrayado la vicepresidenta de Plena inclusión España y miembro de su Plataforma Estatal de Representantes, Maribel Cáceres.
