MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores ha exigido una "actuación urgente" al Gobierno central y comunidades autónomas; las entidades sociales; y toda la sociedad.
Ante la situación de "grave riesgo" para los derechos y la vida de las personas mayores, que ha provocado la pandemia del coronavirus, las organizaciones han lanzado un documento con propuestas para que las personas mayores sean objeto de una "atención preferente" en esta crisis, intensificando las medidas de prevención y control.
En concreto, en cuanto a las personas mayores que se encuentran en sus domicilios, el texto propone, limitar el acceso de personas a las casas; mantener contacto regular con las personas aisladas, a través del teléfono o de otros medios; garantizar el adecuado suministro de alimentos y de bienes de primera necesidad; o dentificar a las personas especialmente vulnerables por vivir solas, y acompañarlas a distancia, haciendo un seguimiento regular de su situación.
En la misma línea, las organizaciones solicitan fomentar la colaboración voluntaria y vecinal; difundir las medidas de higiene y prevención, y dotar a las personas que deban asistir a las personas mayores de los medios necesarios para realizar la labor en condiciones de seguridad; y prestar apoyo a las familias cuidadoras y a personas cuidadoras profesionales.
Respecto a las personas asistidas en residencias, el documento pide que las residencias de mayores deben ser tratadas por el gobierno como instituciones de actuación preferente; aplicar un protocolo riguroso de acción a todas las residencias públicas y privadas; limitar de manera estricta la entrada de personal externo a la residencia; o dotar a todas las profesionales de residencia y los residentes de mascarillas y material y recursos básicos de protección.
Asimismo, exige hacer test en todas las residencias; extremar las medidas de limpieza, desinfección y aislamiento de los residentes; cubrir los puestos de los profesionales de las residencias infectados y dotar a las residencias de personal suficiente; garantizar el desplazamiento diario de un médico para atender las patologías que presenten los residentes; y facilitar la comunicación de los residentes con sus familiares y amigos, a través del teléfono o internet.
La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores también ha recordado que las competencias para intervenir en las residencias corresponden a las comunidades autónomas, siguiendo los criterios y protocolos que se puedan establecer por el Gobierno.
"Allí donde las circunstancias lo aconsejen porque las residencias no reúnen los requisitos mínimos, las comunidades autónomas deben de intervenir mientras dure la crisis, para que se disponga de personal cualificado y suficiente y se asegure una atención que siga con los protocolos de atención requeridos", ha señalado las organizaciones.
