Pide reformas legales que tengan en cuenta a las "víctimas indirectas" como los padres de la víctima
MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha reconocido en su Informe Anual correspondiente a 2022 que el repunte de asesinatos por violencia de género registrados en diciembre del año pasado ha generado una "especial preocupación" sobre el tema y ha llamado a las autoridades a "continuar trabajando en el perfeccionamiento de las medidas para
prevenir y combatir la violencia contra las mujeres".
En diciembre de 2022 se contabilizaron hasta 13 asesinatos machistas en 28 días, lo que convirtió al último mes de 2022 en el mes más trágico por esta lacra en las últimas dos décadas.
Esta situación ha sido recogida por el Defensor del Pueblo en su informe, en el que señala que, a lo largo del año pasado, ha formulado un conjunto de resoluciones para "contribuir a mejorar la respuesta de las diversas administraciones a esta violencia y fortalecer la atención concreta a las víctimas".
Entre ellas destaca la enviada a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de publicar la situación del Pacto de Estado contra esta lacra, aprobado en 2017, para que las administraciones conozcan el desarrollo de cada uno de sus puntos; o la enviada a la Policía para que facilite el procedimiento de denuncia a las mujeres víctimas; entre otras.
El equipo de Gabilondo también ha realizado recomendaciones a Justicia en relación a la necesidad de modificar la ley de Violencia de Género y evitar una interpretación restrictiva del derecho a la justicia gratuita de las víctimas de violencia de género. También le ha recomendado crear un protocolo de actuación para los equipos psicosociales que trabajan en los puntos de encuentro familiares con menores víctimas de esta lacra.
PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VÍCTIMAS
La institución hace referencia a diversas recomendaciones que ha realizado a CCAA y ayuntamientos en relación a medidas de mayor protección a las víctimas del machismo, entre la que ha destacado una realizada al Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) para que contemple la posibilidad de beneficiar temporalmente a las víctimas de violencia de género con acceso a estacionamiento reservado destinadas a personas con movilidad reducida.
Esta recomendación se produce tras la queja presentada ante el Defensor por una vecina del municipio madrileño tras serle denegada la posibilidad de aparcar en una de estas plazas situada junto a su portal pese a contar con una orden de protección y tener dos juicios pendientes de quebrantamiento de una orden de alejamiento de su agresor, que limitaban su movilidad por el municipio.
En su informe, el Defensor cree que el Ayuntamiento debe favorecer estos servicios a estas víctimas "por cuestiones humanitarias y por el riesgo en el que se encuentren" ya que, debido a esta situación, según ha indicado, "pueden ver gravemente reducida su capacidad de
movimiento en el término municipal.
Aún así, en rueda de prensa, Gabilondo ha mostrado sus dudas sobre esta medida en el que sentido de que las víctimas de esta lacra tengan la voluntad de que se haga "explícitamente visible" su situación "en todos los espacios públicos". "Lo cual no quiere decir que haya que ocultar", ha señalado, pero, según Gabilondo, no es seguro que "todas las personas puedan querer" que se haga público lo que les ocurre.
Para el Defensor del Pueblo, en este caso "es más interesante trabajar a través de la FEMP por la coordinación y comunicación entre municipios. Según ha indicado, a veces suelen ser acuerdos entre ayuntamientos los que impulsan este tipo de medidas.
Otra de las medidas que la institución llama a poner en marcha es la de extender el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de violencia de género (ATENPRO) a las mujeres víctimas de agresiones sexuales agredidas fuera del entorno de la pareja o la expareja.
En concreto, Gabilondo quiere que la Federación Española de Municipios y Provincias adopte las medidas que sean necesarias para permitir el acceso excepcional de estas mujeres víctimas a dicho servicio, incluyendo la entrega de un terminal telefónico, en aquellos casos que así sea recomendado por los servicios de atención a la mujer de las redes municipales o regionales.
"Se trataría de una medida provisional, pero conveniente, para el período de transición, hasta que se hayan podido ejecutar las actividades previstas que permitirán, a medio plazo, la atención plena, por parte del servicio ATENPRO, a todas las víctimas de violencia contra la mujer, contempladas en la definición dada por el Convenio de Estambul", ha concluido.
A raíz de una queja cuestionando que no se incluyera dentro del concepto de víctima de violencia de género a las denominadas "víctimas indirectas" (por ejemplo, padres y madres de las víctimas) la institución considera que no se ha reflexionado Suficientemente sobre este asunto y, a su juicio, es necesario pensar en reformas legislativas para corregir esta circunstancia. En este sentido, se han formulado recomendaciones a diferentes administraciones.
ACTUACIÓN ABIERTA SOBRE VIOLENCIA VICARIA
La institución también muestra "especial sensibilidad" ante la violencia vicaria, la que se ejerce contra los hijos para dañar a la madre, e inició una actuación de oficio para analizar los problemas del sistema de protección que continúa en trámite. A juicio de la institución, hay que garantizar una protección integral a los menores en peligro, a través de servicios públicos capaces de detectar tempranamente
el riesgo al que se ven expuestos.
Finalmente, el Defensor del Pueblo ha insistido en la necesidad de mejorar el sistema policial de detención y valoración de riesgo e incrementar la coordinación entre los institutos de medicina legal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados para que puedan intercambiar y colaboren compartiendo las evaluaciones de riesgo.
