Gabilondo media ante Justicia tras quejas por recortes de protección de personas con discapacidad intelectual

    MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo ha pedido información al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tras recibir quejas por un posible recorte de protección social a las personas con discapacidad intelectual como consecuencia de la ley que elimina la incapacitación de este colectivo.

   Esta decisión llega tras la queja presentada en mayo de 2024 por Plena inclusión España y la asociación Liber, a raíz de los efectos de la reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor en 2021. La ley elimina el sistema de incapacitación judicial y lo sustituye por un modelo de apoyo personalizado.

   En concreto, según ha señalado Plena Inclusión España, la reforma introducida por la ley buscaba fomentar la autonomía de las personas con discapacidad sustituyendo la tutela por sistemas de apoyo que tengan en consideración las decisiones y preferencias de las personas con discapacidad.

   Sin embargo, el movimiento asociativo ha añadido que este cambio normativo ha generado "efecto colateral" por el que, por ejemplo, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han dejado de reconocer ciertos beneficios y deducciones a quienes ya no están bajo una "incapacitación judicial" técnica, "mermando su protección en comparación con el escenario previo a 2021".

   En respuesta a la queja de organizaciones con Plena inclusión o Liber, la Oficina del Defensor del Pueblo recomendó revisar con urgencia la Ley General de la Seguridad Social y la Ley del IRPF para mantener la efectividad de la protección social y fiscal en términos equivalentes a los anteriores. No obstante, las Secretarías de Estado de Hacienda y de Seguridad Social y Pensiones rechazaron estas recomendaciones en enero de 2025.

EXTENSIÓN DE BENEFICIOS

   En contraste con la negativa de Hacienda y Seguridad Social, la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha planteado recientemente extender la asimilación de beneficios no solo a las curatelas representativas (el curador actúa en el nombre de la persona), sino también a las curatelas ordinarias (el curador apoya y acompaña pero la persona decide por sí misma), según afirma el Defensor del Pueblo en un escrito remitido a Plena Inclusión.

    Ahora, el Defensor del Pueblo ha explicado que ha solicitado al departamento que dirige Félix Bolaños información sobre su criterio y la eventual cooperación interministerial impulsada para evitar que las personas con discapacidad afectadas por la reforma puedan ver mermada la efectividad de la protección en términos equivalentes a los que resultaban de aplicación antes.

   A juicio de la institución, "podrían extenderse a otras cuestiones como por ejemplo la inclusión de estas personas con discapacidad, si conviven con el curador o guardador de hecho, como miembros de la unidad familiar de pleno derecho y puedan acceder a los beneficios asociados a tal concepto".

    Por su parte, la presidenta de Plena inclusión España, Carmen Laucirica, ha subrayado la importancia de esta acción de incidencia: "Tratamos de evitar que la reforma legal que trae la Ley 8/21, que fue diseñada para ampliar derechos, acabe convirtiéndose paradójicamente en una herramienta que recorte la protección económica y social de las personas con discapacidad y sus familias", ha recalcado.