Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (d), a su llegada a una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo
MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Minsiterio de Igualdad ha anunciado la puesta en marcha de iniciativas en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género y sus familias con ayudas de hasta el 100% del alquiler.
El objetivo prioritario de estas actuaciones, según explica el Ejecutivo, es facilitar la salida de estas familias de situaciones de violencia y evitar que ninguna víctima deba permanecer con su agresor por carecer de una alternativa residencial. "La vivienda constituye un elemento esencial para garantizar la protección, recuperación y autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos", argumenta.
A través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, promovido por el Ministerio de Igualdad, se incorporan siete medidas específicas (en concreto, las medidas 92, 215, 233, 237, 268, 373 y 374) que sirven como marco de referencia para el desarrollo de políticas públicas de vivienda con perspectiva de género.
Estas acciones se estructuran en cinco grandes ejes: garantizar una solución habitacional "inmediata", dar prioridad en el acceso a la vivienda pública, flexibilizar los requisitos administrativos, atender situaciones de especial vulnerabilidad (como mujeres con discapacidad, migrantes o víctimas de trata) y generar conocimiento y evaluación sobre el impacto de esta problemática.
Por otro lado, el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, perteneciente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aprobado por el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, configura un sistema de ayudas públicas orientado a facilitar el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, con especial atención a los colectivos en situación de vulnerabilidad, entre los que se incluyen de forma expresa las víctimas de violencia de género. El plan articula un régimen reforzado de protección mediante un conjunto de medidas económicas, habitacionales y sociales integradas.
PRIORIDAD EN AYUDAS PÚBLICAS
Así, se identifica a las víctimas de violencia de género como colectivo prioritario en el acceso a las ayudas públicas, junto con otras situaciones de vulnerabilidad como el riesgo de desahucio o la exclusión residencial. Y este reconocimiento implica: preferencia en la adjudicación de viviendas protegidas, acceso preferente a programas de ayuda y mayor intensidad en las subvenciones respecto al régimen general.
En ese sentido, el núcleo de la protección se articula a través del programa de ayuda a personas "especialmente vulnerables", que tiene como fin proporcionar una solución habitacional inmediata a personas en situación de especial vulnerabilidad, incluyendo expresamente a mujeres víctimas de violencia de género, configurándose en este marco, como destinatarias directas de las ayudas.
Para este colectivo, las ayudas permiten una cobertura de hasta el 100% del coste del alquiler o uso de la vivienda. Asimismo, se abre la posibilidad de incluir gastos asociados como los suministros, la comunidad o internet, y se contempla la opción de conceder la ayuda por un periodo de hasta cinco años con seguimiento social, pudiendo abonarse directamente a la persona propietaria del inmueble.
La asignación de las ayudas se realizará con intervención de los servicios sociales autonómicos o locales lo que permitirá la valoración individualizada, el seguimiento de la situación y la integración con otros recursos de protección.
El plan regula igualmente las ayudas al alquiler con carácter general, con una cobertura ordinaria de hasta el 40% del alquiler. Si bien, para colectivos vulnerables, incluidas las mujeres víctimas de violencia de género, se permite alcanzar hasta el 100% del coste, en función de la situación acreditada.
El Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas los fondos para que, en el ámbito de la cogobernanza y la cooperación institucional, estas promuevan todas estas iniciativas encaminadas a erradicar la violencia de género y sus consecuencias también en materia de vivienda.