MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha ayudado económicamente a un total de cinco personas y sus familias amenazadas o perseguidas por su actividad en defensa de los derechos humanos, en sus países de residencia habitual fuera de España, entre septiembre 2007 y diciembre 2012.
Así lo asegura el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, recogida por Europa Press, y dirigida al diputado de CiU, Carles Campuzano, en la que recuerda que la concesión de este tipo de ayudas se regula de acuerdo a un decreto de 2007, a personas que se vean amenazadas o perseguidas por su actividad en defensa de los derechos humanos, en sus países de residencia habitual fuera de España .
Es más, el Gobierno apunta que a la mayor parte de estos defensores de derechos humanos se les prorrogó la ayuda por imposibilidad de retorno a corto plazo al persistir la situación de alto riesgo para su vida o por razones humanitarias.
"Por esta razón, en el pasado se han contabilizado las prórrogas de ayuda económicas como nuevas ayudas, aunque el beneficiario fuese el mismo", sostiene el Ejecutivo.
En concreto, dichos beneficiarios han sido: un defensor de nacionalidad cubana al que se le prorrogó la ayuda en dos ocasiones; otro de nacionalidad colombiana al que se le prorrogó la ayuda en una ocasión; así como una defensora de nacionalidad guatemalteca a la que se le prorrogó la ayuda en una ocasión; además de dos defensoras de nacionalidad hondureña.
Según puntualiza el Ejecutivo, a una de ellas se le prorrogó la ayuda en tres ocasiones por imposibilidad de retorno, primera prórroga de seis meses, segunda prórroga de tres meses.
