El Gobierno quiere "afinar" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a un año de su aprobación

Actualizado 27/09/2018 18:59:29 CET
Teléfono 016 de atención a víctimas de violencia de género
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   MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop, destaca que el Ejecutivo está trabajando para "afinar" algunas de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que este viernes 28 de septiembre cumple un año desde su aprobación en el Congreso de los Diputados.

   "Hay medidas en el Pacto que son difíciles de aplicar en la práctica, o bien porque no tienen una redacción adecuada o porque no identifican o identifican mal al órgano competente para ejecutar la medida. Estamos trabajando para afinarlo", asegura Pilar Llop en declaraciones a Europa Press.

   La delegada del Gobierno apunta que el Ejecutivo hablará con el Congreso para informar de la necesidad de "reformular" y aclarar algunas medidas de desarrollo legislativo en las que se ha detectado alguna imprecisión o error de redacción. "A la hora de trasladar literalmente las medidas a un texto no se puede hacer tal y como está recogido porque hay que tener en cuenta la técnica legislativa y la normativa vigente", sostiene.

38 MUJERES ASESINADAS

   El Pacto de Estado celebra su primer aniversario con 38 mujeres asesinadas y tres menores en 2018 según los datos del Ministerio de Igualdad. Precisamente, en lo que va de semana se han producido cinco asesinatos por violencia machista, el último el de una mujer en Torrox (Málaga) cuya actual pareja, que tenía una orden de alejamiento, ha sido detenida como principal sospechoso del crimen.

   La experta en violencia machista incide en que su departamento "no para" de trabajar en el Pacto, aunque no precisa cuántas medidas han sido puestas en marcha hasta el momento. De hecho, Llop destaca que recientemente se ha celebrado una reunión interministerial, entre las distintas áreas de Igualdad de los ministerios y la Secretaría de Estado de Igualdad y Delegación de Gobierno para hacer el seguimiento del Pacto en cada departamento.

   En este sentido, hace hincapié en que el Gobierno está trabajando en este análisis, así como en la puesta en marcha de las distintas encuestas para "mejorar" el conocimiento de este fenómeno "tan complejo".

   En cualquier caso, el Gobierno de Pedro Sánchez considera que la verdadera activación y "arranque definitivo" del Pacto se produjo en la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad del pasado 31 de julio en la que se acordaron los criterios de reparto y distribución de los 100 millones de euros a acordados en la Pacto de Estado para las comunidades autónomas.

   "Esto era muy importante", señala en declaraciones a Europa Press la delegada para la Violencia de Género sobre el dinero transferido a los distintos territorios. Según ha explicado Llop a Europa Press, el "primer paso" para combatir esta lacra es "reforzar" la atención ofrecida por las administraciones autonómicas, que son las que tienen la competencia "esenciales" en esta materia, junto a los ayuntamientos, que "han recuperado" sus competencias en este asusto tras modificarse la Ley de Bases del Régimen Local.

FIRMADO BAJO UN GOBIERNO DEL PP

    Con el objetivo de acabar con esta lacra social, el Pleno del Congreso aprobó el 28 de septiembre de 2017, con el voto a favor de todos los grupos excepto de Unidos Podemos y EH Bildu, el informe del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un documento con 213 medidas para combatir este tipo de violencia.

   El Pacto de Estado se firmó bajo el liderazgo del Gobierno del PP; sin embargo, el ascenso del líder socialista, Pedro Sánchez, a La Moncloa tras el triunfo de la moción de censura contra Mariano Rajoy hizo que su puesta en marcha quedase en manos del nuevo Ejecutivo socialista.

   Desde la oposición, el PSOE denunció en reiteradas ocasiones la inactividad de los 'populares' en la materia y reclamó al Gobierno los 200 millones de euros comprometidos en el Pacto contra la Violencia de Género para los Presupuestos de 2017.

   De hecho, la oposición logró que finalmente se destinasen en las cuentas del Estado a través de una enmienda transaccional impulsada por el PSOE, que pedía que, además de los 80 millones correspondientes a la Administración Central, también se contemplaran los 100 millones para las comunidades autónomas y los 20 millones para los ayuntamientos.

   Ya en el Gobierno, los socialistas se marcaron como prioridad el impulso del Pacto, cuya ejecución quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Igualdad liderado por Carmen Calvo. La también vicepresidenta del Ejecutivo compareció en agosto en el Congreso para dar cuenta de la aplicación del Pacto, al tiempo que expresó su compromiso de que a finales de este año estén en marcha todas las reformas legales adscritas al acuerdo.

   Pocos días después de la celebración de la reunión sectorial, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de medidas urgentes a través de un Real Decreto-Ley que, además de modificar la Ley de Bases, reformaba la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y también el Código Civil. El decreto ley, que suscitó críticas, finalmente se convalidó por unanimidad, al tiempo que se aprobó proceder a su tramitación como proyecto de Ley en el Congreso.

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