SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha presentado a los responsables de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla el Pacto Andaluz por la Accesibilidad, con el objetivo de que se adhieran a esta estrategia que persigue convertir a los municipios sevillanos en entornos más accesibles para las personas discapacitadas en todos los órdenes, así como que los ciudadanos en general disfruten de sus derechos con independencia de cuáles sean sus capacidades funcionales.
El director general de Personas con Discapacidad de la Junta, Gonzalo Rivas, y la delegada territorial, Francisca Díaz, han mantenido un encuentro con los representantes de los municipios de Sevilla para promover su adhesión a esta iniciativa, cuyo cumplimiento viene recogido en el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía.
En la actualidad, en la provincia de Sevilla un total de 168.600 personas presenta algún tipo de discapacidad física, psíquica o sensorial. De ellas, 99.542 la tienen reconocida oficialmente --49.300 hombres y 50.242 mujeres--, al contar con un grado igual o superior al 33 por ciento, límite que marca la ley a partir del cual se determina esta consideración. "Se trata, además, de una cifra que ha crecido considerablemente en los últimos años y que lo sigue haciendo debido al progresivo aumento de la esperanza de vida", añade.
Francisca Díaz ha destacado que "con esta iniciativa la Consejería expresa su voluntad de compromiso mutuo, entre Administración autonómica y local, gracias al cual se aunarán esfuerzos para eliminar barreas en los espacios públicos, de comunicación o trasporte, impulsándose además las políticas de igualdad". Ha señalado que "los ayuntamientos como administraciones más cercanas al ciudadano son claves para convertir los municipios en entornos más accesibles".
Además de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el pacto ha sido ya suscrito por las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de Fomento y Vivienda, además de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía), los sindicatos UGT y CCOO, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los colegios oficiales de Arquitectos y de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. En resumen, todos las instituciones públicas, organismos, entidades y agentes económicos y sociales que trabajan en este ámbito.
En el documento, los firmantes manifiestan la necesidad de conseguir una Andalucía "más accesible e incrementar el nivel de autonomía de la población, algo que no sólo beneficia a los discapacitados, sino al conjunto de la población (personas mayores, las que tienen circunstancias transitorias discapacitantes, mujeres embarazadas, personas que portan sillas de bebés u otras cargas), a la vez que supone un valor añadido de calidad de vida en las ciudades y de potencial económico de los bienes, productos y servicios".
Las políticas de promoción de la accesibilidad universal recogidas en el pacto vienen a dar respuesta a los resultados de la 'Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia' elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Dicho estudio refleja que más de la mitad de las personas con discapacidad tienen barreras en sus lugares de vivienda y edificios --en el portal, ascensor, escaleras o cuarto de baño--; en las vías públicas, tales como subir o bajar de la acera, cruzar la calle, mobiliario e identificar calles, cruces o señales, y en el transporte público y privado.
EJES DEL PLAN
Para afrontar esta realidad, el pacto pivota en torno a cuatro ejes principales, como son concienciación y formación, normativo, actuaciones de fomento, y participación. En el primer apartado, los objetivos se centran en promover en foros, congresos o publicaciones la accesibilidad como fuente de bienestar social de la ciudadanía y riqueza, llevar a cabo actuaciones formativas sobre las exigencias en la legislación y las necesidades específicas del colectivo, elaborar manuales de buenas prácticas, y confeccionar campañas de concienciación para la ciudadanía en general y la población escolar en particular.
En cuanto a las medidas normativas, su finalidad es facilitar la aplicación de las diferentes leyes en materia de accesibilidad, fundamentalmente en los municipios, que es donde se desarrolla la actividad personal. Para ello, se va a fomentar la aprobación de ordenanzas municipales y la elaboración de instrumentos técnicos de asesoramiento, junto a la mejora de los mecanismos de control de su cumplimiento.
En el caso de las actuaciones de fomento, destaca el impulso a los planes de accesibilidad de carácter municipal para la adaptación del entorno existente. También son reseñables la adopción de acciones concretas para favorecer al acceso al transporte, actividades culturales y deportivas, y nuevas tecnologías de la información y comunicación; el reconocimiento social de proyectos públicos o privados enfocados a mejorar la situación; la inclusión de exigencias de accesibilidad en la contratación pública y en los sistemas de calidad de las administraciones, y la promoción de la empleabilidad entre la población discapacitada.
Por último, en materia de participación se remarca el compromiso de incorporar a los representantes de las asociaciones y entidades vinculadas a estos grupos ciudadanos en la toma de decisiones y en las políticas en este campo.
TRANSVERSALIDAD
Según detalla, el apoyo e integración social de las personas con discapacidad es una de las prioridades de la Junta de Andalucía. "Una muestra de ello es que en los últimos años ha apostado firmemente por que la dimensión de la discapacidad esté cada vez más presente, desde una perspectiva transversal, en todas sus acciones de gobierno", asegura.
A través de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se encuentra ya desarrollando el II Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, cuya meta es precisamente mejorar la accesibilidad del colectivo en los ámbitos de la educación, vivienda, transporte, empleo, ocio, comunicación y medio ambiente, así como la atención que se le presta desde los servicios sociales comunitarios y el voluntariado.
Entre las principales iniciativas realizadas por la Junta destacan también el impulso de medidas de ahorro fiscal, la puesta en marcha de programas de generación de empleo, la elaboración de planes de accesibilidad en los municipios, actuaciones de reformas en viviendas, adaptación de las instalaciones sanitarias, distribución de tarjetas de aparcamiento, concesión de ayudas económicas complementarias a las pensiones más bajas, subvenciones a asociaciones y entidades, o el incremento del uso de la lengua de signos en los servicios públicos a través de su regulación.
En la actualidad un total de 11.446 sevillanos son titulares de tarjeta de aparcamiento (6.017 hombres y 5.429 mujeres). La administración autonómica está trabajando, asimismo, en la elaboración de una nueva Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, que actualizará los preceptos de la norma vigente e incidirá en la protección y garantía de sus derechos. A todo ello se suma el esfuerzo por mantener las prestaciones en materia de dependencia a pesar de los recortes efectuados desde el Gobierno central.
