Organizaciones sociales celebran reforzar las leyes de Dependencia y Discapacidad, aunque piden garantizar su aplicación

Ancianos.- GOBIERNO DE ASTURIAS

    MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

   Organizaciones del ámbito de la discapacidad, la dependencia y los cuidados han valorado positivamente la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad, si bien han coincidido en reclamar que su desarrollo vaya acompañado de financiación suficiente y una aplicación efectiva para que los cambios previstos se traduzcan en mejoras reales.

   Las entidades consideran que la reforma supone un avance hacia un modelo centrado en la autonomía personal, la vida independiente y los derechos de las personas. En este sentido, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) habla de un "cambio significativo" en la concepción de los cuidados, mientras que Impulsa Igualdad destaca que la autonomía personal pasa a convertirse en un derecho y Fundación Pilares para la Autonomía Personal considera que la norma consolida la transición desde modelos asistencialistas hacia un sistema centrado en la persona.

   Asimismo, Oxfam Intermón destaca que la reforma refuerza la posibilidad de que las personas decidan cómo, dónde y con quién vivir, impulsa los cuidados en el hogar y en la comunidad frente a la institucionalización y establece procedimientos "más sencillos, transparentes y coordinados", mientras que COCEMFE valora que la actualización del sistema incorpore avances dirigidos a favorecer la autonomía personal, la vida independiente y la igualdad de oportunidades.

   Entre las principales novedades, las organizaciones destacan la universalización de la teleasistencia, la ampliación de la asistencia personal, la compatibilidad entre prestaciones y servicios, el reconocimiento de la accesibilidad universal como derecho y el impulso de nuevos modelos de apoyos y cuidados. Además, IMPULSA IGUALDAD resalta medidas como la atención temprana, las viviendas con apoyos, la exclusión de la vivienda habitual del cálculo del copago y el respeto a la voluntad de la persona en el Programa Individual de Atención.

   Por su parte, Fundación Pilares pone el acento en el reconocimiento de la desinstitucionalización como principio orientador de las políticas públicas, la apuesta por modelos de atención de base comunitaria y la ampliación de los apoyos domiciliarios y comunitarios, mientras que Cocemfe destaca la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, la incorporación de productos de apoyo mediante préstamo o cesión temporal, la simplificación de procedimientos administrativos y la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar las obras de accesibilidad en edificios de viviendas.

   En materia de financiación, las entidades también valoran el refuerzo de los recursos destinados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El CEDDD destaca el blindaje de la financiación estatal y la aportación extraordinaria de 6.200 millones de euros entre 2026 y 2027, mientras que Impulsa Igualdad subraya que la Administración General del Estado deberá cubrir, como mínimo, el 50 por ciento del gasto certificado por las comunidades autónomas y recuerda el incremento de las cuantías mínimas de las prestaciones.

   En la misma línea, Cocemfe considera positivo el compromiso de incrementar la financiación del sistema, con la previsión de superar los 7.000 millones de euros en 2027, mientras que Oxfam Intermón sostiene que el refuerzo económico permitirá que la reforma no sea "papel mojado", siempre que los recursos se traduzcan en una reducción de las listas de espera y en una mejora de los servicios y las prestaciones.

   No obstante, las organizaciones coinciden en que la aprobación de la reforma constituye solo el inicio de una nueva etapa. Así, el CEDDD advierte de que la aprobación de la ley y el incremento de recursos "no garantizan por sí solos la transformación efectiva del sistema" y reitera la necesidad de un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que garantice estabilidad, equidad territorial y sostenibilidad.

   En la misma línea, Impulso Igualdad ha reclamado una aplicación "rigurosa" para evitar que la reforma quede en una "declaración de intenciones", mientras que Fundación Pilares considera que la nueva norma abre "una oportunidad histórica" para construir un sistema de apoyos y cuidados más humano y respetuoso con los derechos de las personas y pide que vaya acompañada de financiación suficiente y desarrollo normativo.

   Por su parte, Cocemfe sostiene que el éxito de la reforma dependerá de su aplicación efectiva por parte de todas las administraciones públicas y defiende que será necesario garantizar una aplicación homogénea en todo el territorio y seguir fortaleciendo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para que ninguna persona vea limitado su proyecto de vida por falta de apoyos.

   Oxfam Intermón introduce, no obstante, una de las principales demandas pendientes al considerar que la reforma sigue sin garantizar suficientemente los derechos de las personas cuidadoras no profesionales y de las trabajadoras del hogar y de los cuidados.

    En este sentido, reclama que la ampliación de la atención domiciliaria y comunitaria vaya acompañada de la formalización del empleo, la profesionalización del sector, el reconocimiento de derechos laborales y el refuerzo de las inspecciones de trabajo, además de una hoja de ruta para garantizar los derechos de las trabajadoras de cuidados y una aplicación efectiva de la reforma por parte de las comunidades autónomas.

   Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, considera que esta reforma supone "uno de los avances legislativos más relevantes de los últimos años en materia social" y constituye "un paso fundamental para seguir construyendo una sociedad más inclusiva, accesible e igualitaria".

   La entidad ha valorado especialmente el trabajo realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), en el impulso de esta reforma que "culmina uno de los principales desarrollos legislativos derivados de la modificación del artículo 49 de la Constitución Española", primera reforma social del la Carta Magna adoptada hace dos años con un amplio respaldo parlamentario.