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El Gobierno asegura que la puesta en marcha va a un "ritmo positivo" y la oposición dice que aún no se ha hecho nada
MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género cumple seis meses desde su aprobación sin que, según han denunciado los partidos de la oposición, se hayan puesto en marcha ninguna de las 213 medidas que se pactaron en la Cámara Baja, entre ellas, los 200 millones de euros que el Ejecutivo se comprometió a adelantar en 2018 para su cumplimiento. Los PGE aprobados este martes 27 de marzo ya recogen la partida, pero su activación dependerá de la aprobación de las cuentas del Ejecutivo por el Parlamento.
Fue a finales de septiembre cuando el Pacto se aprobó en el Pleno del Congreso, con el voto a favor de todas las fuerzas políticas, a excepción de Unidos Podemos que se abstuvo. Los morados alegaron que no podían apoyar un documento que, a su juicio, no tenía todas las medidas necesarias para luchar contra esta lacra, ni tampoco el dinero necesario para ponerlas en marcha.
Entre las más de 200 medidas del documento destaca la extensión de la definición de violencia de género a todas las contenidas en el Convenio de Estambul --matrimonios forzosos, mutilaciones genitales, trata o violencia sexual-- y la consideración de víctimas para las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas.
También se establece el carácter "imperativo" de la suspensión del régimen de visitas en todos los casos en los que el menor hubiera "presenciado, sufrido o convivido" con manifestaciones de violencia. E, igualmente, se suprime la atenuante de confesión en delitos de violencia de género, cuando las circunstancias de los hechos permitan atribuir fehacientemente su autoría.
Además, se recoge la articulación de unidades de apoyo local que ayuden a mujeres que pudieran estar siendo víctimas, la formación de profesionales sanitarios que las atienden y la inclusión, en los protocolos de actuación sobre violencia de género, de un epígrafe específico para la atención de las agresiones contra mujeres transexuales o transgénero.
Del mismo modo, llama a crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual que impulse medidas de prevención y concienciación sobre esta forma de violencia de género, así como una Ley Integral de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. También contempla la elaboración de un estudio sobre las nuevas realidades de la trata y las respuestas operativas que deben implementarse.
ACUERDO CON LAS CC.AA.
Hasta ahora, el Gobierno ha acordado con las comunidades autónomas, durante la sectorial de Igualdad, un total de 26 medidas del Pacto relacionadas con la sensibilización y la prevención, que deberán activarse en 2018 y que no necesitan de dotación presupuestaria.
A estos puntos se remitió la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, el pasado mes de enero. Según explicó en sede parlamentaria, su prioridad son las medidas de reforma legislativa. "El ritmo es positivo", declaró, para apuntar que las decisiones se irían remitiendo a las Cortes de una forma "organizada y sistemática".
Pero una de las principales polémicas que debe manejar el Ejecutivo en este asunto es la aprobación de la partida destinada a poner en marcha el acuerdo. El documento incluye el compromiso de 1.000 millones de euros para los próximos cinco años, lo que supone 200 millones anuales a repartir entre Administración Central (80 millones), comunidades autónomas (100 millones) y ayuntamientos (20 millones).
Ante la previsión de una prórroga de los PGE para 2018, el PSOE llevó a debate al Congreso en noviembre una iniciativa que reclamaba al Gobierno que la partida para el Pacto se adelantara a través de un decreto del Ejecutivo. Esta medida debía ser aprobada en el último Consejo de Ministros de 2017. Este texto fue apoyado por unanimidad, aunque el PP aseguró que su voto positivo era "por responsabilidad". Meses más tarde fue Unidos Podemos quien reclamó en la Cámara Baja esta partida, una propuesta que los 'populares' votaron en contra.
La ministra, por su parte, siempre ha mantenido que el compromiso del Gobierno ha sido aprobar estos millones "en el primer trimestre del año". Sin embargo, en su última intervención en la Sesión de Control del Congreso, condicionó los 200 millones para el Pacto contra la violencia machista a la aprobación de los PGE, que se presentarán el martes 3 de abril en la Cámara Baja.
LA OPOSICIÓN, MUY CRÍTICA
La impulsora de la iniciativa que exigía al Gobierno adelantar los 200 millones, la portavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, considera que esta actitud demuestra el "desprecio" del Ejecutivo "a los acuerdos alcanzados en el Pacto". "Vincularlo a los tiempos de aprobación de los presupuestos se traduce en que la disponibilidad real de esas partidas se irá hasta septiembre lo que implica de facto un año de retraso", denuncia la diputada.
Pero, además, critica que tampoco se hayan presentado en tiempo las reformas legales. "En estos seis meses se han hecho más fotos que medidas han puesto en marcha", ha explicado Álvarez a Europa Press, para añadir que el Ejecutivo se jacta de haber impulsado ya el 40 por ciento de las medidas, sin ser capaces de enumerarlas. "Sencillamente, por que mienten", ha apuntado.
Por este motivo, para la socialista, es "importante" la creación de la Comisión de seguimiento de este Pacto en el Congreso como un "elemento esencial para verificar la puesta en marcha de las medidas y la eficacia de las mismas". En su opinión, un órgano de este tipo "puede ser clave para que no se tuerza el rumbo y mantener a todos en el acuerdo".
También Ciudadanos se ha referido a esta comisión, en concreto para recordar que la seguirá solicitando --ya lo hizo en enero y en marzo a través de un escrito a la presidenta de la Cámara Baja-- hasta su constitución.
La formación naranja también ha coincidido con el PSOE en criticar la inacción del Gobierno en esta materia y le recrimina, además, que ni siquiera se hayan puesto en marcha algunos puntos del Pacto que no necesitan partida presupuestaria. "Dolors Montserrat y Mariano Rajoy no se han implicado en ningún momento. No es una prioridad para el Gobierno", ha lamentado.
Para Unidos Podemos, la actitud del Gobierno ante el Pacto "demuestra tristemente" las reticencias que el grupo confederal tenía a la hora de aprobar un documento que les parecía "insuficiente" porque "no deba una respuesta estructural a la violencia de género", porque "no eran medidas que abordaran en profundidad el problema" y porque no sabían sin se iban a ejecutar si no había un calendario y unos presupuestos.
La portavoz de la formación morada en esta materia, Sofía Fernández Castañón, ha criticado, además, la falta de explicaciones por parte de los responsables que, a su juicio, están "tomando el pelo" a la población con un tema de gran sensibilidad. "Hay un país demandando políticas", ha señalado la diputada, que ha recordado que muchos de los mensajes que se gritaron el 8M reclamaban el fin de esta lacra, pero, a su juicio, "la ministra no está a la altura".
"Y suena duro, pero quizás se podrían haber puesto medidas a funcionar y, a lo mejor, haber evitado alguna de las 35 muertes que se han contabilizado tras la aprobación del Pacto", ha declarado.
Preguntada acerca de si una comisión de seguimiento del Pacto, en el Congreso, cambiaría la situación, Fernández Castañón ha señalado que así lo quiere pensar, en el sentido de que exista una institución útil en esta materia y un Gobierno que la escuche. Eso sí, ha apuntado que este órgano debe ser accesible y transparente, con presencia y participación de la sociedad civil.
