PSM exige a Aguirre la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en un mes y 23 millones de euros para llevarla a cabo

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, exigió hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que lleve a cabo las medidas necesarias, en el plazo de un mes, para poner en marcha la Ley de Dependencia, que beneficiará a más de 23.000 madrileños.

Asimismo, le exigió al Ejecutivo regional que aporte los 23 millones de euros que le corresponden para su puesta en marcha. "Hay un convenio vigente entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma", explicó Menéndez, añadiendo que el anexo a dicho convenio establece que ambas administraciones deben aportar ese dinero. "Cuando la Comunidad de Madrid lo haga, contará con 23,4 millones de euros adicionales para la aplicación de esta Ley".

La portavoz socialista en la Asamblea de Madrid hizo estas declaraciones en rueda de prensa en la sede del Parlamento regional tras el registro, por parte del PSM, de una Proposición No de Ley (PNL) con la reglamentación necesaria para la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.

Menéndez criticó así la falta de comunicación del Gobierno regional, que no ha comunicado al Gobierno Central el número de personas dependientes reconocidas en la Comunidad. "Según la Consejería de Familia y Asuntos Sociales son unos 3.600", aseguró la diputada regional.

Para solucionar este problema, la portavoz socialista declaró que es necesario un decreto que regule el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspondientes, una orden de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en la que se especifique la intensidad de la protección de los servicios, la creación de 10 nuevos equipos de valoración y un plan integral de zonificación.

Además, los socialistas consideran que el Gobierno regional debería idear planes específicos para la formación de los profesionales que se encarguen del examen técnico de los dependientes, la asunción por parte de la Comunidad de Madrid del coste íntegro de los Servicios de Ayuda a Domicilio y Tele-Asistencia y un acuerdo del Consejo de Gobierno que establezca la dotación de créditos a los Ayuntamientos.

En este sentido, la portavoz socialista de Familia y Asuntos Sociales, Pilar Sánchez Acera, señaló la necesidad de dar créditos a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y un Consejo Territorial Autonómico para "vigilar y evaluar la implantación de la Ley", y exigió al Ejecutivo autonómico que ponga un plazo de tres meses para tener la baremación de los ciudadanos en situación de dependencia y otro plazo idéntico para los planes individualizados

Por último, Sánchez Acera pidió un plan de coordinación "eficaz y realista" entre el Sistema Público de Salud y los Servicios Sociales".