MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, ha asegurado que su partido presentará inciciativas parlamentarias y denunciará ante los tribunales de Justicia el nuevo real decreto que presentará este martes el Gobierno y que revisará el copago en la dependencia.
"Tenemos pocos recursos políticos, pero lo que vamos a hacer es una denuncia política porque no puede ser que en un momento de crisis donde cada día se pierde poder adquisitivo y crece el paro, la gente mayor, los que han estado toda su vida trabajando para construirse un futuro y vivir dignamente al final de su vida, ahora les toque pagar las medicinas, les saquen medicamentos del sistema público de salud y les incrementen el nivel de copago", ha señalado.
En este sentido, Jiménez ha afirmado, en declaraciones a la SER recogidas por Europa Press, que, con este nuevo decreto, el Ejecutivo busca "acabar" con la Ley de Dependencia y ha añadido que es un "ataque brutal" al sistema de bienestar y a las personas mayores.
"En vez de tratar de apuntalarla y fortalecerla dotándola de medios suficientes para su implementación, lo que está haciendo el Gobierno es cargársela", ha apuntado.
Así, ha subrayado que el Ejecutivo ya intentó suprimir la Ley de Dependencia el pasado mes de diciembre "cuando decidió paralizar la incorporación de 300.000 nuevos dependientes y al eliminar el nivel acordado de 283 millones de euros".
Ahora, según ha precisado, con este real decreto, el Gobierno rebaja las prestaciones económicas y eleva el copago, entre otros, algo que, a su juicio, es "dar cada día una vuelta de tuerca para acabar con una ley muy joven, muy buena, y a la que hay que darle tiempo para su consolidación".
Asimismo, considera que España "sí se puede permitir esta ley" porque, según ha recordado, cuesta 6.000 millones de euros al año entre Estado y CCAA de los 60.000 a 70.000 millones de euros que cuesta la Sanidad española, una cantidad "relativamente pequeña", según ha añadido.
Además, ha subrayado que con esta ley se atienden a 750.000 personas en su mayoría personas mayores y mujeres que necesitan una pequeña ayuda, algo que, a su parecer, es "cuestión de justicia". "Es muy mal mensaje que mientras el Gobierno perdona a los defraudadores con la amnistía fiscal, esté recortando cada día más los derechos y prestaciones de los sectores sociales más vulnerables", ha concluido.