Responde a Aguirre que no se trata de "un problema de penas, sino de ejecución de penas"
MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PSM-PSOE aseguró hoy que la ejecución de las condenas de la Ley del Menor está encomendada a las comunidades autónomas y en el caso de Madrid a la Agencia de Protección del Menor Infractor, conforme a lo dispuesto por la Ley que regula la responsabilidad Penal de los Menores.
La aclaración del PSM-PSOE se produce a cuenta de la última detención de Rafael Fernández, alias 'Rafita', por un delito de robo con fuerza que habría cometido el pasado sábado junto con otras tres personas en el distrito Latina. Se trata del tercer delito que ha cometido desde que cumple libertad vigilada como parte de la condena que se le impuso por participar en el asesinato de la joven Sandra Palo.
En un comunicado, PSM criticó que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, haya reclamado que se modifique la Ley del Menor, cuando no se trata de "un problema de penas, sino un problema de ejecución de penas".
Además, recordó que el pasado noviembre la Comunidad requirió a Instituciones Penitenciarias para que volviera a transformar la pena en internamiento hasta junio --cuando se le vence la libertad vigilada--, habiendo indicado éste último que no era su competencia habida cuenta que las medidas dictadas lo fueron por hechos cometidos cuando el condenado era menor.
"De lo que estamos hablando aquí es de falta de medios por parte de la Comunidad de Madrid para la aplicación y verdadera efectividad de la Ley del Menor cuya ejecución está encomendada a las Comunidades Autónomas", denunció el PSM.
Recalcó que la mejor prueba de que efectivamente esto es competencia de la Comunidad de Madrid es que tiene un órgano, en alusión a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor, entre cuyas funciones está la ejecución de penas dictadas por la jurisdicción de menores.
"Es decir, si no estaba cumpliendo la libertad vigilada, resulta evidente la responsabilidad por negligencia de la Comunidad de Madrid", aseveró. "Si 'Rafita' fue condenado por la Ley del Menor no cabe ninguna duda que la competencia para la ejecución de las medidas acordadas por el Juez, en este caso, libertad vigilada, en sin lugar a dudas de la Comunidad de Madrid", añadió.
Además, matizó que otra cosa distinta son los hechos delictivos que ha cometido en ese período, dónde ya es mayor de edad, por lo que los mismos son delitos comunes cuyo enjuiciamiento está pendiente de los Tribunales. "Esto es un problema de delincuencia común multireincidente. Pero es importante no mezclar ambas cosas", reseñó.
REFORMA DE LA LEC
Por su parte, el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, abogó esta mañana por modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y crear un registro nacional que permita detectar la existencia de delincuentes multirreincidentes.
En rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva regional del PSM tras conocer que uno de los asesinos de Sandra Palo ha vuelto a delinquir, Gómez dijo que 'El Rafita' era una persona que cumplía condena y que lo que se ha producido es una "desobediencia", de manera que la responsabilidad es de la Comunidad de Madrid, que vela por el cumplimiento de las sentencias.
Para solucionar este tipo de casos, Gómez consideró que "lo que hay que hacer es modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal" en tres aspectos. El primero de ellos pasa por crear un "registro nacional de procedimientos que permita detectar la existencia de multirreincidentes", también propone que "todos los trámites judiciales a los que tiene que estar sujeto (un reincidente) pasen a trámite de juicio rápido", así como que "el trámite sumarísimo de ejecución se sentencias dictadas a reincidentes se convierta en una realidad".
Gómez dijo que en el caso de 'El Rafita' lo que se ha producido es una "desobediencia" y añadió que "quien se encarga de la ejecución de las sentencias judiciales son las comunidades autónomas". "En el caso de la Comunidad de Madrid la agencia para la Educación y Reinserción del Menor Infractor", apostilló.
"Por lo tanto, quien tiene responsabilidad para el cumplimiento de esa condena y para la vigilancia de alguien que está en libertad vigilada es la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid", indicó para reclamar "responsabilidades a las personas que tienen obligación de custodiar a las personas con una condena" como 'El Rafita'.
Así, explicó que la responsabilidad es de la cartera que dirige Francisco Granados por "no impedir que estuviera en paradero desconocido y por no haber llevado un control del cumplimiento de la libertad vigilada como es su obligación".
