PSOE y sus socios se muestran en el Congreso en contra de la ley de Vox para endurecer penas por matrimonio forzoso

   MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   El PSOE y sus socios de Gobierno se han mostrado este martes en contra de la proposición de ley de Vox por la que insta al Gobierno a reformar el Código Penal para endurecer las penas del delito de matrimonio forzado. Así lo han puesto de manifiesto en el Congreso durante el debate de la toma en consideración de la iniciativa.

   En defensa de proposición, la diputada de Vox, Blanca Armario, ha achacado a las "políticas de fronteras abiertas" que en la actualidad se den casos de matrimonio forzado en España.

   "Los matrimonios forzados no son un problema del pasado, están muy presentes en nuestro país. Afectan principalmente a niñas y adolescentes que están sometidas a una vida de sumisión y de vulnerabilidad. Son obligadas a casarse, a menudo con hombres mucho más pobres, más mayores que ellas, perdiendo su derecho a decidir sobre su propia vida y siendo expuestas a abusos, violencia y privaciones que limitan sus oportunidades de desarrollo personal y profesional", ha explicado Armario.

    Asimismo, ha indicado que este fenómeno existe "debido a culturas que siguen un patrón de conducta porque su moral, su religión, sus principios ve con buenos ojos el matrimonio concertado de niñas desde que nacen". De hecho, ha añadido que, según la Secretaría de Igualdad e Inmigraciones de la Generalitat, en Cataluña hay unas 7.000 niñas de entre 15 y 19 años susceptibles de ser víctimas de este delito.

   Para la formación, "la persona que coacciona, intimida, somete, presiona, extorsiona, chantajea, amenaza, impone, agrede, aplica la violencia, incluso compra y vende a una niña para que se case contra su voluntad" se merece que se le apliquen las penas más duras y la cárcel. "Para que recuerde que en un país como España nuestras reglas culturales y morales no están en venta. Aquí las niñas y las mujeres no se tratan como bultos, sin sentimientos, ni pensamientos, ni voluntad, ni voz", ha subrayado Armario.

    En el turno de portavoces, la socialista Maribel García, ha recalcado que el objetivo "real" de la iniciativa de Vox es "seguir generando odio". "Su discurso, lleno de mentiras, bulos y demás lindezas, solo busca generar inseguridad y miedo, presentando una España que no es real", ha añadido. Asimismo, ha tachado de "inadecuada" la proposición para abordar el fenómeno de los matrimonios forzosos.

   "Traen una proposición de ley estéril porque las leyes no pueden servir para señalar al diferente, sino para incluir en un propósito común a toda la ciudadanía, para reforzar el Estado del bienestar de nuestro país, que nos permita vivir en paz, en concordia y no generando esa bilis permanente que recorre su cuerpo", ha detallado.

   Por parte del PP, Silvia Franco, ha denunciado la "hipocresía" del PSOE y sus socios al señalar en la tribuna de la Cámara Baja "con el dedo", cuando "los escándalos de violencia sexual o de machismo estallan en sus filas" y "miran para otro lado". "Han subido para impartir lecciones cuando a día de hoy hay muchas víctimas, hay muchas niñas y muchas mujeres que siguen esperando una voluntad política fuerte, que traiga a esta Cámara una legislación que es necesaria y que hace ya demasiado tiempo que está en el cajón del Ministerio de Igualdad", ha asegurado.

    Franco ha indicado que el PP coincide con Vox "en la gravedad del problema" y "en la necesidad de una respuesta penal firme". Si bien, ha agregado que discrepa "en vincular exclusivamente el fenómeno de los matrimonios forzados con la inmigración porque lo único que contribuye es a la estigmatización".

   Desde Sumar, Esther Gil de Reboleño, ha pedido a Vox que deje "en paz" a las mujeres y niñas. "Basta ya de instrumentalizarlas, basta ya de que las mujeres y las niñas sean sus armas arrojadizas para su beneficio político. Déjenlas en paz", ha indicado. Además, ha dicho que la proposición "no nace del feminismo, nace del racismo, con todas sus letras". "No busca proteger a las mujeres, sino criminalizarlas, una vez más, a las personas racializadas. Ese es su objetivo", ha asegurado, para añadir que la reforma que plantean los de Abascal es "jurídicamente irrelevante".

   Por PNV, Mikel Legarda ha indicado que el abordaje de los matrimonios forzados de la iniciativa es "sesgada y reduccionista". Asimismo, ha añadido que "la realidad de la penalidad de los matrimonios forzados en España o de los mismos matrimonios forzados no es coetánea con los fenómenos migratorios de las últimas décadas".

   Mientras, Etna Estrems, de ERC, ha criticado a Vox por "disfrazar" la iniciativa de feminismo, que ha tildado de "la racistada de la semana". "Resulta que el problema no es que haya matrimonios forzados y que existan niñas y adolescentes que son obligados a casarse y que padecen violencia de género por eso, con todo lo que comporta. El problema de todos los problemas, leyendo textualmente, son las políticas de fronteras abiertas, los incentivos de la inmigración masiva y que además, estos colectivos se instalan en Cataluña" ha indicado.

    La formación que lidera Santiago Abascal pide en la iniciativa promover la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el fin de que "el elemento disuasorio propio de la pena ejerza de freno efectivo de la instauración y normalización en España de una conducta que es gravemente antijurídica, porque cercena la libertad de la persona y, por tanto, niega su dignidad".

   En concreto, Vox quiere reformar el artículo 172 bis de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Este recoge actualmente que "el que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados".

VOX QUIERE AMPLIAR LA PENA DE PRISIÓN DE UNO A TRES AÑOS Y SEIS MESES

   Mientras, Vox pretende que se castigue con una pena de prisión de "uno a tres años y seis meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados".

   Igualmente, añade al segundo punto que "se le impondrá la pena en su mitad superior" a quien, "con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo"

   En el tercero, Vox mantiene que se impondrá la pena superior en grado cuando la víctima fuera menor de edad. También el último, que recoge que "en las sentencias condenatorias por delito de matrimonio forzado, además del pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que procedan en orden a la declaración de nulidad o disolución del matrimonio así contraído y a la filiación y fijación de alimentos".