El PSOE vuelve a pedir en el Congreso una reforma de la Ley de Protección a la infancia

EUROPA PRESS

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha vuelto a registrar en el Congreso de los Diputados una iniciativa que insta al Gobierno a remitir a la Cámara, de manera urgente, un proyecto de Ley de actualización de la legislación de protección a la infancia, después de que hace menos de un año presentara una propuesta de similares características y fuera rechazada por la mayoría del Grupo Popular, al señalar que el Gobierno estaba trabajando ya en una reforma normativa en esta línea.

La portavoz del PSOE en materia de Servicios Sociales, Rosa Aguilar, ha sido la encargada de registrar esta proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que será debatida en el Pleno de la Cámara Baja.

La exministra pide que esta reforma contemple, al menos, los siguientes objetivos: garantizar la protección jurídica del menor en cualquier circunstancia de riesgo o desamparo; reforzar la prevención para evitar situaciones de desamparo, mejorando las actuaciones en situaciones de riesgo; simplificar y mejorar los procedimientos para la acogida familiar y la adopción; posibilitar la adopción de mayores de dieciocho años, y regular el funcionamiento de los centros de menores con trastornos de conducta.

EL DEBER DE PROTECCIÓN

Según argumenta, la promulgación de la Constitución Española de 1978 en su artículo 39 encomienda a los poderes públicos el deber de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia; así como la protección integral de los hijos. Establece, además que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

En este sentido, recuerda que el 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se reconocen los derechos inalienables de la infancia.

Dicha convención establece, además, las obligaciones de los estados, los poderes públicos, los padres y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños, de garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún tipo.

España ratificó la Convención un año después de su aprobación, según subraya, a la vez que incide en que, de acuerdo con la Constitución Española, la Convención es parte integrante del ordenamiento jurídico, de aplicación directa en España y el estándar mínimo que debe respetarse a la hora de legislar y desarrollar políticas públicas que afecten a la infancia.

"La legislación protectora de la infancia en nuestro país tiene como norma de cabecera la Ley de protección jurídica del menor de 1996. Junto con el Código Civil, constituye un marco regulatorio que considera a las personas menores de edad como sujetos de derechos, garantizándoles una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que ha servido de modelo a la legislación que las comunidades han ido aprobando de acuerdo con su competencia en esta materia", agrega.

No obstante, Aguilar advierte de que han transcurrido 18 años desde la aprobación de la citada ley orgánica y se han producido "importantes" cambios sociales que inciden en la situación de los menores y que demandan una mejora de los instrumentos de protección jurídica, en aras del cumplimiento efectivo del citado artículo 39 de la Constitución.

"No se debe bajar la guardia bajo ningún concepto ni excusa a la hora de proteger a los menores. Es necesario seguir avanzando y respondiendo a la evolución de la sociedad", insiste la diputada del PSOE. Así, recuerda que el PSOE trajo a la Cámara una proposición de Ley de actualización de la legislación de protección a la infancia.

Su contenido, según asegura, era básicamente el del anteproyecto de Ley elaborado en la anterior legislatura con las recomendaciones que la Comisión especial creada en el Senado había aprobado por unanimidad en noviembre de 2010; contando con las aportaciones de las comunidades autónomas, Defensor de Pueblo, Fiscalía General del Estado, Comité de Derechos del Niño, expertos y organizaciones de defensa de la infancia.

Es más, indica que el debate de toma en consideración de dicha proposición de Ley se celebró el 7 de mayo de 2013, resultando rechazada por los votos del Grupo Popular, cuya portavoz afirmó que su grupo coincidía con el fondo de la propuesta, pero que no apoyaría la toma en consideración porque el Gobierno llevaba meses trabajando para abordar la reforma legislativa propuesta.

"Señaló que este trabajo vería la luz en los próximos meses. Han transcurrido ya muchos meses desde aquel debate y el Gobierno no ha remitido el proyecto de Ley", sentencia Rosa Aguilar.