Actualizado 20/05/2019 14:08

Los servicios sociales necesitan 1.300 millones al año para recuperar la inversión previa a la crisis, según un estudio

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SABINE VAN ERP/ PIXABAY - Archivo

   MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La evolución de los servicios sociales se ha "estancado" en España y faltan 1.300 millones de euros anuales para recuperar la inversión anterior a la crisis, según los resultados del Índice DEC 2018, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

   El informe, que se ha presentado este lunes 20 de mayo en una rueda de prensa en Madrid, revela que los primeros años de la última legislatura en las distintas comunidades autónomas fueron "positivos" para los servicios sociales pero precisa que al final de la misma se han observado "síntomas de estancamiento".

   "Los servicios sociales siguen en un proceso de estancamiento en España y todavía no se ha recuperado el nivel de inversión social previo a la crisis, faltaría recuperar 1.300 millones de euros, fundamentalmente porque no se han recuperado los recortes inmisericordes que produjo el Gobierno de España en 2012 y que suponen especialmente en el Sistema de Atención a la Dependencia un recorte de más de 4.500 millones de euros", ha subrayado el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

   Respecto a la distribución del gasto en Servicios Sociales entre administraciones, el informe pone de manifiesto que un 61,4 por ciento del gasto procede de la administración autonómica, una cuarta parte, del esfuerzo de la administración local, y un 13,5 por ciento, de la Administración General del Estado. Además, precisa que esta última es el único nivel que aún no ha recuperado los recortes.

   Para recuperar esos 1.300 millones de euros anuales, el responsable de análisis económico de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Luis Barriga, ha indicado que España debe llegar "como mínimo" al 2 por ciento del PIB en Servicios Sociales. Actualmente, la inversión supone el 1,57 por ciento del PIB.

   "En el resto de países de la Unión Europea y también de la OCDE solo la atención a la Dependencia está en el 2 por ciento del PIB, estamos planteando un objetivo que es cortito para una legislatura", ha precisado, al tiempo que ha insistido en que "los Servicios Sociales son un sector crítico y lo van a ser en las próximas décadas".

   El Índice contempla tres dimensiones: Definición de derechos, estructuras y planificación (D), Relevancia económica (E) y Cobertura efectiva de prestaciones y servicios (C). En conjunto, de estas dimensiones se desprende que al comienzo de los últimos cuatro años de legislatura la puntuación global en España en Servicios Sociales era de 4,54 puntos y en 2018 superaba los 5,22 puntos, alcanzando el "aprobado".

MADRID, DONDE HAN SUFRIDO "MAYOR DETERIORO"

   La evolución positiva se registra en casi todas las comunidades autónomas, y especialmente en aquellas que partían de una peor situación, como la Comunidad Valenciana y Canarias, mientras que la Comunidad de Madrid es la que refleja "un mayor deterioro" de sus servicios sociales. De esta forma, los autores del estudio advierten de las "grandes" diferencias entre territorios.

   Así, el estudio muestra que las administraciones públicas del País Vasco destinan 703 euros por habitante y año en Servicios Sociales, más del doble que Murcia, que destina 297 euros. Además, este "desequilibrio territorial" se observa también entre Extremadura y la Comunidad de Madrid, pues mientras en la primera se destina el 2,6 por ciento del PIB regional a Servicios Sociales, en Madrid se destina un 1 por ciento.

   A pesar del "estancamiento" y de la necesidad de "mejoras", los autores del estudio han destacado que el sector de los Servicios Sociales en España y sus profesionales han atendido a más de 8 millones de personas cada año durante la crisis.

   El coordinador del Índice DEC, Gustavo García, ha pedido que los Servicios Sociales tengan "anclaje" en la Constitución Española "como derecho reconocido, así como una norma estatal de Servicios Sociales con la que no pretenden el retorno de competencias al Estado sino que todos los ciudadanos tengan unas "garantías comunes y homogéneas".