Tribunales.- La Fiscalía actuará contra los padres que obliguen a sus hijos rumanos a delinquir e investigará las mafias

VALENCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha elaborado un protocolo con el que pretende actuar contra los padres que obliguen a sus hijos menores rumanos de 14 años a cometer actos delictivos, al tiempo que investigará a las mafias que se mueven en este entorno.

Así lo anunció hoy la coordinadora de la sección de Menores del TSJ, Teresa Gisbert, en una rueda de prensa, tras exponer el protocolo de actuación a representantes de la Dirección Territorial de Bienestar Social; de la Dirección Territorial de Justicia y Menor; con el juez decano de Valencia y otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Esta iniciativa surge tras la aparición en la provincia de Valencia, hace unos tres años, de un grupo de menores de edad de nacionalidad rumana, con edades comprendidas entre los 9 y los 16 años, que se dedica a sustraer teléfonos móviles, bolsos, carteras y, en el último periodo, a robar en los cajeros de diversas entidades bancarias. Esta situación, agregó Gisbert, ha generado un clima de "alarma" que "es necesario abordar".

Por ello, se pensó en la elaboración de un protocolo que actuase, sobre todo, en dos frentes. El primero, en investigar la relación que los menores delincuentes mantienen con sus progenitores o tutores para, en el caso en que estos últimos les inciten o sean coautores de los robos, se actúe contra ellos. Al parecer, según apuntó la fiscal, los menores cometen estos actos "no por propia iniciativa" sino porque "podrían estar siendo inducidos a perpetrarlos por sus padres u otras personas adultas de su familia, clan o mafia" de forma que "se habría generado un negocio y una fuente de ingresos para los adultos".

De esta manera, los padres o tutores que son coautores de los robos cometidos por sus hijos menores podrían ingresar a prisión, bien por un delito de abandono de familia o, bien, por ser considerados coautores de un delito de inducción o cooperación necesaria de un robo con intimidación. De hecho, recordó que un padre ya ingresó en la cárcel el pasado mes de junio en Valencia por un caso similar.

Con esta primera medida se pretende "poner freno" a la situación que generalmente mantienen estos menores, ya que no están escolarizados; en su mayoría son analfabetos; no reciben los cuidados médicos imprescindibles; pasan todo el día solos en la calle; y no reciben atención emocional. Además, en el caso de las niñas rumanas, en muchas ocasiones se quedan embarazadas a los 13 o 14 años, hecho que también estudiará la Fiscalía de menores --la relación y edad del padre del hijo esperado--.

El segundo frente, explicó la fiscal de Menores del TSJ, consiste en evitar que los menores delincuentes que ingresan en centros de protección --no de reforma-- de la Administración pública "puedan huir a la media hora de entrar o ser entregados a diversos familiares".

El objetivo es que "se asegure" su estancia en estos centros mientras dure su minoría de edad --ya que a partir de los 14 años se les puede aplicar la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores-- para evitar que sus padres o guardadores de hecho puedan continuar utilizándolos para la comisión de actos delictivos. Con ello, dijo, "se les garantizaría una adecuada formación, educación y desarrollo", en concreto, una vida "adecuada a su edad" que les permita "integrarse socialmente".

CENTROS "SATURADOS"

No obstante, Gisbert lamentó que, actualmente, los centros de protección de menores existentes en Valencia "están saturados" pero, dijo, desde la Dirección Territorial de Bienestar Social se han comprometido a habilitar más centros de este tipo para evitar que estos menores, que suelen ser siempre los mismos --entre 20 y 25--, vuelvan a delinquir.

Otro de los puntos en los que este protocolo pretende prestar atención es en estudiar si existen organizaciones que se dedican al tráfico y trata ilegal de menores para utilizarlos en la comisión de actos delictivos y, si éste, se produce con el consentimiento de los progenitores o de sus guardadores de hecho. Además, se investigará si los progenitores pueden incumplir las obligaciones derivadas de la patria potestad y de la guarda de menores.

En resumen, con este protocolo de actuación, recalcó la fiscal, se persigue, principalmente, mediante la cooperación conjunta de organismos policiales, fiscales, judiciales y de la Administración pública, otorgar a los menores rumanos la adecuada protección y tutela que corresponde a los menores de edad y, especialmente, a los menores de 14 años.

Por otro lado, preguntada por su opinión a propósito de la sanción de tres meses de cárcel interpuesta por un juzgado de Santander a unos padres por fomentar que sus hijos faltasen a clase, indicó que no es una medida "tan novedosa" porque, por ejemplo, la Fiscalía de Valencia ya ha puesto sanciones a este respecto. "Es una medida muy buena y en eso estamos todos", agregó.