VALENCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha reabierto la investigación por una denuncia de agresión policial a unos menores argelinos que estaban ingresados en Zapadores en Valencia, según ha informado la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros en un comunicado.
El caso se remonta a 2012 cuando se presentó la denuncia. En un auto de septiembre del pasado año, el juzgado de instrucción número 4 de Valencia acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas. Sin embargo, los denunciantes recurrieron, una alegación que fue rechazada en primera instancia aunque ahora la Audiencia ha admitido su recurso a considerar que en este caso es necesaria "al menos, una diligencia de investigación" que esclarezca una posible identificación proporcionada por los afectados.
Según ha destacado la entidad en un comunicado, el 8 de abril de 2012, once personas llegaron a la costa de Níjar (Almería) y a cinco de ellas se les recluyó en Zapadores "a pesar de que al menos tres aseguraron ser menores de edad." De acuerdo con su versión, en la madrugada del 28 al 29 de abril, dos agentes de la policía entraron a registrar la celda que compartían "con el pretexto de que olía a humo porque estaban fumando".
Los denunciantes aseguran que los policías salieron sin encontrar nada, aunque, "a los pocos minutos" uno de los agentes volvió y "arremetió" contra ellos, con golpes con las manos y con la porra, lo que les provocó "graves contusiones" en la cara, cuello, torso y brazos.
A instancia de los denunciantes, el equipo médico y jurídico de la Campaña por el Cierre de los CIE elaboró un informe sobre las lesiones y presentó una solicitud de habeas corpus en el juzgado para que fueran puestos en libertad. El 30 de abril de 2012, ratificaron ante el juez los hechos y describieron al presunto agresor. Los denunciantes ampliaron una queja por "represalias" y se pidió a la Subdelegación del Gobierno en Almería que se suspendiera la expulsión de estas cinco personas ya que tres de ellas eran menores y para que se continuaran las diligencias judiciales, según la misma fuente.
Sin embargo, según la campaña, fueron expulsados "pocos días después y la única diligencia judicial practicada desde entonces fue citarlas a declarar casi un año después de haber sido deportadas a Argelia". El juzgado de Instrucción archivó el caso "sin tomar declaración a las víctimas ni a los policías que estaban de servicio".
Ahora, la resolución de la Audiencia decide estimar el recurso al entender que con los datos de identificación del policía denunciado "cabe considerar preciso, al menos, una diligencia de investigación que esclarezca si alguno de los policías a que hace referencia el oficio presenta las características de identificación facilitadas por los denunciantes y se reciba declaración al mismo, toda vez que los hechos no sólo pueden ser constitutivos de una falta sino de delito previsto en el artículo 174 del Código Penal".
Todo ello, sin perjuicio, añade el auto, "de la dificultad o imposibilidad de que los testigos, algunos de ellos al parecer residentes en los domicilios que facilita la parte apelante, puedan llevar a cabo los reconocimientos en rueda y declaraciones pertinentes".
RESPUESTA PARLAMENTARIA
En su día, el Gobierno, a una pregunta formulada por el diputado de EU en el Congreso Ricardo Sixto sobre estos hechos, aseguró que todas las denuncias, quejas y acusaciones contra los funcioanrios del CIE de Zapadores "han sido archivadas judicialmente". Para la Campaña, de esta forma, "el Ejecutivo de Rajoy dio por cerrado el caso antes de que se agotara el procedimiento judicial, negó todas las acusaciones sin que la justicia concluyera su trabajo y evitó responder sobre la investigación interna que debía haber realizado al tener conocimiento de los hechos".
La Campaña por el Cierre de los CIE valora la decisión de la Audiencia y reclama que en las nuevas diligencias que se practiquen "se esclarezcan los hechos teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias de las víctimas, quienes ya manifestaron en su día su voluntad de ratificarse en las declaraciones iniciales que realizaron ante el juez".
Asimismo, espera que este "precedente judicial suponga el fin de la práctica casi sistemática de expulsar a las presuntas víctimas de malos tratos, e incluso a los testigos, cuando se acude a la justicia para que investigue los hechos". "Si no se paralizan las expulsiones, las actuaciones judiciales acaban siendo archivadas por la imposibilidad de que se ratifiquen las denuncias, limitándose el derecho que cualquier persona tiene a la tutela judicial efectiva", advierte.
