MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio de Educación que ponga los medios para que ningún niño o niña residente en Melilla, independientemente de su origen, se quede sin escolarizar el próximo curso.
Así se ha pronunciado Fernández Marugán este martes, tras el último dictamen del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en el que determina que España ha violado los derechos de un niño residente en Melilla y de madre marroquí, al no tomar medidas rápidas para verificar su residencia y al no admitirlo en el sistema educativo público inmediatamente después de confirmarlo.
"Los niños y las niñas de Melilla, al igual que los del resto de España, donde tienen que estar es en el colegio", ha remarcado Fernández Marugán.
Hasta ahora, seis niños y niñas que han presentado quejas ante el Comité han sido admitidos en la escuela. Sin embargo, se calcula que más de 150 menores siguen excluidos del sistema educativo público, según se recoge en el dictamen de la ONU.
El Defensor del Pueblo lleva desde 2018 denunciando la situación de estos menores y sus familias. La institución ha iniciado más de 50 expedientes y ha formulado más de una docena de resoluciones para intentar acabar con esta situación, algunas de ellas admitidas de forma favorable por la administración educativa.
En octubre de 2020, una vez iniciado el nuevo curso escolar, el Defensor pudo constatar que los menores que se encontraban sin escolarizar en el curso 2019-2020 continuaban en Melilla pese al cierre de la frontera con Marruecos, producido al inicio de la pandemia.
A juicio de la institución, esto demuestra que estas familias residen de forma habitual en Melilla y que "la sospecha generalizada y no documentada" de la Dirección Provincial de Educación de esta Ciudad Autónoma de que son familias marroquíes que no residen allí y que pretenden escolarizar a sus hijos "en fraude de ley" no se ajusta a la realidad, tal y como ya hizo constar el Defensor en su último Informe Anual.
Por este motivo, Fernández Marugán reitera que se ha de velar para que "se remuevan los obstáculos existentes" que provocan que estas familias padezcan "situaciones de grave discriminación, al sufrir de manera desproporcionada los obstáculos administrativos que les impiden empadronarse, obtener la tarjeta sanitaria o escolarizar a sus hijos e hijas".
