Archivo - Niño frente a un ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
Save the Children ha expresado su preocupación por "la excesiva duración" de los procesos judiciales por violencia sexual digital contra menores, un tipo de denuncia que ha experimentado un incremento del 13% en dos años.
Así se desprende del informe 'Tras la pantalla: la violencia sexual contra la infancia en entorno digital', elaborado por Save The Children y basado en el estudio de 23 sentencias correspondientes a 28 casos de 'grooming on line' ocurridos en el periodo 2023-2024 en España.
Según los datos aportados por la organización en el informe, la edad media de las víctimas es de 13 años, y las niñas siguen siendo mayoría, un 60,7%. El agresor responde mayoritariamente al perfil de hombre sin antecedentes penales. En cuanto a la relación con la víctima, el informe identifica que el 41,7% de los agresores pertenece al entorno conocido, el 33,3% son personas desconocidas, y el 25% corresponde al ámbito familiar, un porcentaje significativamente superior al 3,3% observado en el análisis de 2021-2022.
Save The Children ha recordado los datos del Ministerio del Interior, según los cuales, en 2022 se registraron 954 denuncias por delitos sexuales digitales contra menores, cifra que ha aumentado hasta las 1.078 denuncias en 2024. Además, las chicas siguen siendo las principales víctimas, representando el 68,6% de los casos, y estos delitos suponen ya el 84,2% del total de la criminalidad sexual en Internet.
"El aumento de denuncias es una señal de que el problema empieza a visibilizarse, pero también confirma que la violencia sexual es una lacra que se extiende en distintos ámbitos del entorno digital. Internet continúa siendo un espacio inseguro para los niños y niñas", ha indicado Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de la ONG.
Por ello, Save the Children ha expresado su preocupación por la duración de los procedimientos judiciales en los casos de violencia sexual digital contra la infancia y la adolescencia. En el periodo analizado, más del 60% de los casos duran tres años o más y un 14% supera los cinco años. Además, el 65% de las víctimas declara más de dos veces antes del juicio, lo que incrementa el riesgo de revictimización. Aunque ha aumentado el uso de la grabación del testimonio, todavía no se aplica de forma sistemática.
"Obligar a un menor a repetir su caso una y otra vez supone revivir el daño, El sistema debe estar preparado para escuchar una sola vez y hacerlo bien", ha afirmado Perazzo.
Save the Children ha recordado que la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia frente a la Violencia (LOPIVI) establece la necesidad de una justicia especializada para atender a los niños y adolescentes víctimas. Sin embargo, el análisis de los casos recogidos en el informe evidencia "que persisten importantes carencias en el proceso judicial que dificultan una respuesta adaptada a las necesidades de la infancia".
Ante estas situaciones, la organización ha reclamado la ampliación del número de secciones especializadas en violencia contra la infancia, garantizando un número suficiente en todo el territorio. Actualmente la normativa prevé la creación de solo tres secciones especializadas en todo el Estado, una cifra "claramente insuficiente para atender a todas las niñas, niños y adolescentes víctimas", para la organización.
Otra de sus reivindicaciones pasa por la creación de fiscalías especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia que participen en todos los procesos donde haya infancia víctima, diferenciada de la especializada en protección de menores infractores; así como formación obligatoria para todos los operadores jurídicos, icluyendo de forma específica las violencias en el entorno digital.
PRUEBA CONSTITUIDA
La entidad ha reclamado, además, el uso sistemático de la prueba preconstituida, evitando que niños y niñas tengan que repetir su testimonio, además de asegurar las competencias para garantizar que los casos de violencia sexual contra menores, incluida la ejercida en entornos digitales, recaigan en las secciones especializadas en violencia contra la infancia y la adolescencia.
Save the Children apuesta por extender el modelo Barnahus --"casa de los niños" en islandés-- a todos los territorios y también a los casos de violencia sexual digital. Según la entidad, "este modelo permite una respuesta integral, especializada e institucional, centrada en los derechos de la infancia y en promover su interés superior, reduciendo la victimización secundaria".
Actualmente, la organización acompaña la implementación y el desarrollo del modelo Barnahus en distintas comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Euskadi, Navarra y Catalunya, cada una en diferentes fases de despliegue y consolidación. Además, fuera de España, presta asesoramiento para su implantación en Andorra.