MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -
La abogada María Victoria O.M., una de las acusadas de integrar una trama de regularización ilegal de inmigrantes, ha reconocido en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid que entregó en varias ocasiones dinero a un funcionario de Extranjería de la Comisaría de la calle de los Madrazo, en el distrito Centro, por "ciertos favores" a sus clientes.
En el banquillo de los acusados se sientan desde esta mañana cuadro funcionarios de Extranjería y otros once procesados por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cohecho y falsificación de documento público. Los acusados se enfrentan a una petición fiscal de entre uno y siete años de cárcel.
Al inicio de la vista, los letrados han planteado las cuestiones previas al juicio en las que han solicitado la nulidad por vulneración de diversos derechos fundamentales en relación a las escuchas telefónicas que dieron lugar al inicio de la investigación. Por su parte, el tribunal ha rechazado la argumentación esgrimida por los abogados.
Tras resolverse esta primera fase, la procesada María Victoria O.M. ha reconocido al tribunal que entregó dinero e incluso regaló un viaje a Roma al funcionario acusado Ricardo Javier C., a quien conocía porque tenía una autoescuela en el barrio de Arturo Soria, zona en la ella reside en Madrid.
Así, la acusada ha relatado que se dedicaba a tramitar permisos de residencia a extranjeros y que solía acudir a Ricardo Javier C. para que le asesorase en temas de multas a sus clientes por conducir con carnet no homologado en España. Por ello, le daba dinero por "ciertos favores", que incluían colar a sus patrocinados en las "tremendas colas" que se formaban en la Comisaría de la calle de los Madrazo.
Además, ha apuntado que los expedientes que tramitaba se los entregaba a una de sus hermanas que trabajaba en el Ministerio de Trabajo. "Mis clientes me traían pruebas de que estaban empadronados. Yo rellenaba las instancias y se las daba a mi hermana", ha relatado la procesada, quien ha recalcado que "sólo presentaba lo que le traían".
A preguntas del fiscal sobre si era consciente de que había personas que no trabajaban y estaban dadas de alta en empresas de amigos suyos, la procesada ha explicado que "lo hacía porque estaban de autónomos y no podían darse de alta hasta después de dos años". Además, ha reconocido que ella y su hermana llegaron incluso a firmar ofertas de trabajo de empresario conocidos.
Según el fiscal, entre 2001 y 2002, las acusadas María Victoria O.M., Rosa María O.M., María Esther O.M. y Moursia R. se pusieron de común acuerdo para obtener de manera fraudulenta la residencia permanente para personas de origen extranjero que residían fuera de España, a cambio de percibir cantidades que oscilan entre los 6.000 y los 12.000 euros.
Así, contactaron con diversos empresarios para que dieran de alta a los extranjeros en sus empresas y en la Seguridad Social, a pesar de que ni residían en España ni prestaban servicio alguno. De este modo, tramitaron la residencia de una veintena de ciudadanos extranjeros.
(EUROPA PRESS)
