ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, ubicada en Elche, acogió hoy la última sesión del juicio a la mujer acusada de quemar vivo con gasolina al hombre que violó a su hija en Benejúzar, en la que tanto la defensa, como el ministerio fiscal y la acusación particular, mantuvieron las penas solicitadas.
Durante la sesión de hoy, el ministerio fiscal se reafirmó en sus peticiones iniciales de un total de nueve años y seis meses de prisión para María del Carmen G.E. --siete años y medio por un delito de homicidio, y dos años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa--, puesto que al rociar de gasolina a la víctima, otro hombre quedó impregnado del líquido inflamable y sufrió quemaduras en la pierna izquierda. En su defecto a esta última medida, solicitó un año y seis meses de prisión por lesiones dolosas.
Asimismo, el fiscal pidió que la mujer indemnice a la viuda del fallecido con 60.000 euros y a cada uno de sus cuatro hijos con 12.000 euros, así como 10.930 euros para el hombre herido y otros 8.295,58 para el dueño del bar por los desperfectos causados por el fuego.
Por su parte, la acusación particular insistió en pedir para la procesada un total de 30 años de prisión, de los cuales 17 son por un delito de asesinato, siete por tentativa de homicidio y seis años de cárcel por el incendio del bar.
Por el contrario, la defensa pide la libre absolución al considerar que cuando sucedieron los hechos la mujer sufría un trastorno mental. El letrado, Joaquín Galant, insistió en repasar los informes periciales, tanto del trastorno psíquico que padece su defendida, como sobre la reconstrucción de los hechos.
Según explicó el abogado defensor a Europa Press, también han pedido una "especie de compensación" en lo que se refiere a la responsabilidad civil, de modo que han estimado en unos 80.000 euros las secuelas mentales que su defendida sufre desde que su hija fue violada.
En su opinión, este hecho ha de ser tenido en cuenta porque "aunque se la declarara exenta de responsabilidad penal, hay una responsabilidad civil". Según dijo, "la Sala tiene que valorar" la situación en la que quedó la procesada después de la violación, además de la "especie de provocación" del fallecido, al acudir al bar situado en las inmediaciones de donde se encontraba la madre de la chica, a la que había visto momentos antes.
Además, el abogado se llevó una caja de cerillas a la sesión para "demostrar que no es tan fácil sacarlas, que lleva su tiempo y que alguien podría haberla detenido", puesto que dos de las personas que estaban allí se dieron cuenta y se alejaron del fallecido.
Durante el juicio, María del Carmen G.E. --que se encuentra en tratamiento médico desde que su hija fue violada-- señaló que "en ningún momento" quería matar al hombre que violó a su hija, y que "le echó gasolina para asustarlo, para que se fuera de allí" y para que "no se acercara a su hija".
Según la psiquiatra que evaluó el estado de la acusada, los informes a los que tuvo acceso para realizar la evaluación de su estado mental aportan "pruebas documentales" de que la procesada "estaba en un estado disociativo" y que tenía "seriamente afectadas sus facultades psíquicas desde la violación de su hija".
Además, los dos médicos psiquiatras que trataron a la acusada durante su estancia en el psiquiátrico penitenciario coincidieron en señalar que la procesada sufrió "delirios" mientras estuvo allí.
